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editorial

Crónica de una libertad anunciada

 

02/12/2017

El juez Pablo Llanera se ha tomado hasta el lunes para decidir sobre la petición de libertad presentada por Oriol Junqueras y los otros exconsellers encarcelados junto a los presidentes de Òmnium y la ANC. Sus declaraciones de ayer siguieron el guion de las de Carme Forcadell y el resto de la Mesa del Parlamento catalán ante el mismo magistrado: acatamiento del artículo 155 y renuncia a persistir en la vía unilateral que acabó con la suspensión de las instituciones catalanas de autogobierno. Con todo, no quisieron responder a las preguntas de la fiscalía, que siguió pidiendo su permanencia en prisión.

A nadie se le escapa lo embarazoso de esta causa judicial. La ley ampara el proceso, pero, permanentemente, las actuaciones de los jueces y de los fiscales quedan contaminadas por el acento político de los encausados. Malo si quedaban ayer en libertad para acudir al concierto que se celebra hoy en Barcelona, malo si lo hacen el lunes justo antes del inicio de la campaña electoral en la que la mayoría de ellos son candidatos. Y peor si finalmente permanecen en prisión preventiva durante esa convocatoria electoral. Lógicamente, todas estas son cuestiones que nada tienen que ver con la administración de la justicia, que sigue sus pasos ajena a esta realidad. Pero resulta casi inevitable que la lectura se concentre en este tipo de consideraciones. Injusto, pero inevitable.

Desde hace días, todos los indicios apuntan a que el juez Llanera optará finalmente por ponerlos en libertad, siempre y cuando en sus declaraciones de ayer hayan seguido el patrón de las de los miembros de la Mesa. El juez puede reconocerles el hecho de que hayan acudido ante la justicia –a diferencia de los huidos a Bruselas–, pero debe asegurarse de que no hay riesgo de reiteración delictiva, es decir, que una vez en la calle no van a pretender seguir ejerciendo unos cargos de los que han sido destituidos. Este es el meollo de la cuestión y lo que puede inclinar definitivamente la balanza de la justicia a favor de los exconsellers que pretenden ser reelegidos. Un hecho que, de todas formas, va a condicionar su eventual participación en la campaña electoral, porque la promesa de volver a las andadas, necesaria para asegurarse el voto, les puede devolver a la cárcel. Es lógico, pues, que ante tamaño dilema el juez apure los plazos para tomar su decisión.