En una jugada de tintes claramente electoralistas, el Gobierno ha tocado una fibra muy delicada con el proyecto de ley que incluye la ampliación a 40 años de cárcel las condenas por delitos de terrorismo y crímenes especialmente graves. Esta reforma del Código Penal, que el PSOE y CiU están dispuestos a apoyar, aunque con matices, supone también cambiar el actual sistema de reinserción, uno de los tradicionales pilares de la lucha contra ETA.
Es cierto que el poco tiempo que algunos terroristas han pasado en la cárcel después de crímenes terribles y sin haberse arrepentido causa indignación en la sociedad. Pero es peligroso recurrir a la demagógica y vengativa opción del cumplimiento íntegro de las penas. Evidentemente, los terroristas deben estar en la cárcel el tiempo que marcan las leyes y que en su caso deben mirarse con sumo cuidado los beneficios penitenciarios. Pero de ahí a pretender alargar prácticamente hasta la cadena perpetua las condenas hay un abismo que no se debería cruzar. Por otro lado, pretender que los futuros arrepentidos de ETA colaboren con la policía para obtener beneficios carcelarios es llevar la política de reinserción a un callejón sin salida.
