Hay consenso entre el Partido Popular y el PSOE para hacer conjuntamente la cuarta reforma de la ley de extranjería. Es otro endurecimiento. Los socialistas asumen que la mayoría de los españoles quieren que se limite la inmigración al nivel de lo que pueda absorber el mercado laboral. Se aspira a frenar la entrada de quienes irían directamente a la marginación y a adaptar el nuevo texto a la sentencia del Supremo que anuló varios puntos de la redacción anterior.

El punto clave del proyecto es resolver el fracaso que ha tenido la fórmula de intentar contratar en los países de origen. Para ello, se crean unos visados especiales de tres meses para quienes deseen buscar trabajo en España.

Pero, más allá de limitar un exceso de entradas, el gran objetivo de una ley de extranjería debería ser la integración, y el nuevo proyecto no arregla nada. Ni plantea la expulsión en masa del medio millón de personas que pueden estar residiendo sin papeles en España ni plantea regularizarlos, salvo casos excepcionales. Viven y trabajan con nosotros, pero la nueva ley continuará ofreciéndoles sólo la clandestinidad y, con ella, la desprotección ante los abusos y profundos acicates para entrar en el círculo del delito.