Diputado del PSOE al Congreso por Badajoz

Con más frecuencia de la deseable, los ciudadanos nos escandalizamos de ver paseando por la calle a determinados reos, sobre los que habían recaído sentencias de muy larga duración. La necesidad de terminar con esta situación es sentida mayoritariamente. La forma y momento de hacerlo, son ya otras cuestiones sujetas a opiniones más diversas.

Sin duda, que el Gobierno actúa con un claro oportunismo político, al hacer una proposición de esta naturaleza, justo en un momento en que se siente acosado por la crisis derivada del petrolero Prestige. Pero este oportunismo no deslegitima la naturaleza de la propuesta, y viene a cumplirse una vez más, aquello de que Dios escribe derecho con renglones torcidos . Así lo han entendido la mayoría de los partidos de la oposición, principalmente los socialistas que han avanzado su voluntad de consenso y mantenido ya, las primeras conversaciones con responsables del Gobierno.

Materializar esta intención, concretándola en cuarenta años de estancia efectiva en la cárcel, implica reformar mediante leyes, determinados aspectos tanto del Código Penal como de la legislación penitenciaria. El actual periodo de tiempo máximo de estancia de un reo en la cárcel que prevé nuestra actual legislación es de treinta años, es un tiempo, que puede juzgarse aún no suficiente, en particular para determinados delitos que por su naturaleza, indignan a nuestra sociedad, pero desde luego nada corto si realmente se cumpliesen, lo que nunca ocurre porque los mecanismos de reinserción que la propia ley prevé lo impiden, y éste es el problema. Poco se adelantaría pasando de treinta a cuarenta años, si estos mecanismos no se revisan.

La ley en las democracias avanzadas, y la nuestra afortunadamente lo es, no puede tener y no debe tener, el menor asomo de veleidad vengativa alguna.

No es nuestra filosofía el del ojo por ojo y diente por diente y es bueno que así sea. Pues bien, entre los mecanismos previstos en nuestras leyes para materializar este principio, están los de reinserción del reo, que se inspiran incluso en la propia Constitución. Esto implica cambiar las formas, pero no el espíritu de los mismos. O incluso evitar su escarnio, al considerarlos simples mecanismos formales de los reglamentos penitenciarios. Poca reinserción puede haber sin un arrepentimiento claro y sincero, que se traduzca en algo más que meras declaraciones. Aunque estas modificaciones conducentes al endurecimiento de la ley, tienen entre sus más claros destinatarios los activistas del terrorismo etarra, no por ello deben de olvidarse los restantes casos de gravísimo escándalo social. La bochornosa estampa de políticos y banqueros paseándose tranquilamente por las calles, después de ser condenados a largas penas de cárcel por la gravedad de sus delitos, con muy importantes fortunas amasadas desde el desprecio a las leyes, produce algo más que irritación entre los ciudadanos. En lo que sí creo que el Gobierno se equivoca es en considerarla un instrumento más en la lucha antiterrorista. La verdad, pienso que con esta ley tendremos más justicia, lo que ya es mucho, pero no creo que influya demasiado en el mundo terrorista.

Los sistemas de información, la eficacia policial y la coordinación internacional, son las claves de esta lucha, aunque por otro lado, no es superfluo el recordar, aquello de que un grano no hace granero pero ayuda al compañero .