Desde que se cruzó en su camino un juez incorruptible, el viejísimo caso Marbella ha producido, además de sobrados motivos de escándalo, al menos dos serios motivos de reflexión. Por primera vez en lo que llevamos de democracia, el Gobierno ha tenido que disolver un ayuntamiento emanado democráticamente de las urnas por un caso generalizado y continuado de corrupción política. A pesar de lo cual, la ardua tarea de restablecer la legalidad no corresponderá a los ciudadanos en las urnas sino, paradójicamente, a una gestora de políticos designados a dedo por los partidos políticos... ¿en función de los intereses de Marbella? Si nos atenemos a los hechos, en función de sus respectivas cuotas de poder. 6 de los 16 nuevos ediles los designará el PSOE, 6 el PP, 2 IU, y los otros 2 el Partido Andalucista. En el reparto del pastel es en lo único que, al menos de momento, han conseguido ponerse de acuerdo... los golosos .
Las situaciones extraordinarias necesitan soluciones extraordinarias. Y, en base a esta consideración, a mí me basta con que el Consejo de Estado haya dictaminado que la cercanía de las próximas elecciones municipales impide convocar elecciones anticipadas para dar por bueno que lo deseable --devolverle la palabra al pueblo-- no era en este caso posible. En las jugadas dudosas debe prevalecer el criterio del árbitro. Y, el árbitro ha concluido que la única solución legal era una gestora.
XPERO CON ANIMOx de mirar hacia delante, hacia el futuro: lo que ha convertido a Marbella en el paradigma de la corrupción política de nuestro país no son los corruptos concretos que estamos viendo desfilar casi a diario esposados hacia la cárcel, sino el clima de impunidad que durante quince años seguidos han propiciado o alentado, por acción u omisión, desde el Gobierno central y/o autonómico, los dos grandes partidos de gobierno de este país. El PSOE y el Partido Popular. Es decir, las mismas formaciones políticas a las que, paradójicamente, corresponde ahora administrar la única solución legal posible. La famosa gestora.
Desearle suerte es obligado. Pero, con perdón de la inmensa mayoría de políticos decentes que hay en nuestro país: hasta que el PSOE y el PP se decidan a agarrar por los cuernos el toro de la descentralización de las Autonomías , la financiación regular de los ayuntamientos es materialmente imposible. Y, hasta entonces, cambiar la ley electoral es la única forma de que, la próxima vez que otro juez incorruptible reviente otro grano de corrupción municipal (porque, habrá próxima vez, todos sabemos que Marbella es solo la punta del iceberg), la solución no vuelva a ser... darle la escopeta a los pájaros. Para que, nunca más una gestora de políticos nombrados a dedo por los políticos disuelvan y suplanten en un caso de corrupción política a la soberanía popular.
*Periodista
