Resulta difícil de creer que quienes con tanta persistencia han tratado de arrancar del Gobierno el compromiso de la publicación de las balanzas fiscales, se hayan tomado tales molestias movidos únicamente por un deseo de transparencia informativa, y que se resistan a hacer una lectura interesada de estos datos en el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. Porque desde esta nueva consistencia argumental, alimentarán el discurso demagógico y victimista del agravio comparativo, y el contrasentido que supone que, quienes profesan un ancestral desafecto al Estado, hayan de ser los encargados de contribuir a su sostenimiento. Por lo que como mal menor tratarán de ser quienes establezcan las reglas de juego del proceso negociador, dando cumplimiento a lo aprobado en su Estatuto, no dudando el PSC en poner contra las cuerdas al Gobierno, amagando con votar separadamente, si sus reivindicaciones catalanistas no son satisfechas.

Estas balanzas no son un instrumento válido al haber sido elaboradas con metodologías incorrectas, ya que son los ciudadanos y no los territorios quienes tributan, tampoco contempla la casuística de aquellas empresas que operan a nivel nacional y que sin embargo tienen su sede fiscal en un lugar concreto. En cada uno de los países de nuestro entorno existen unas zonas con mayor renta que otras y con un balance fiscal consecuentemente negativo, a pesar de ello, esto no suscita tanta controversia como aquí.

XEL SISTEMAx impositivo propio de un Estado social y democrático con una fiscalidad progresiva, tiene su razón de ser en la redistribución de los recursos, donde las aportaciones de los contribuyentes sirven para mantener la financiación del Estado, que es el encargado de establecer ese equilibrio que garantiza la prestación de los servicios básicos a todos ciudadanos. Estas balanzas aportan poco a lo que ya se sabía, pero tomadas como referencia, contribuirán a crear un clima de discordia que dará lugar a la formación de dos grupos perfectamente diferenciados: el de las comunidades prósperas que defenderán que una parte sustancial de lo que sus ciudadanos aporten deberá revertir indefectiblemente sobre sus territorios, y aquellas otras menos desarrolladas, cuyo objetivo será el preservar intacto el compromiso de solidaridad y de cohesión, tal y como viene recogido en la Constitución.

De las propuestas esbozadas por Pedro Solbes , sorprende el grado de insatisfacción que han sido capaz de despertar, provocando las quejas de las comunidades perceptoras que no están de acuerdo con la ampliación de la capacidad fiscal que pasará del actual 33% del IRPF, IVA y otros impuestos especiales, hasta el 50%, ya que las comunidades con menores posibilidades recaudatorias saldrán perjudicadas, por el contrario otras comunidades consideran esta cesión insuficiente al no satisfacer las aspiraciones de bilateralidad y de autofinanciación que persiguen como objetivo último.

Para acabar con esta incertidumbre se necesitará algo más que un discurso genérico urdido desde la ambigüedad, porque nada aclaran afirmaciones tales como que ninguna comunidad saldrá perjudicada con el nuevo modelo, y que no habrá competencias transferidas que queden sin ser debidamente financiadas. O que se tendrán en consideración todo tipo de especificidades como el aumento de la población, la dispersión geográfica y el envejecimiento, o que se incorporarán mecanismos de revisión anual que tendrán en cuenta las nuevas necesidades, porque todo ello suena a un mensaje tranquilizador que casa mal con una realidad elaborada a partir de recursos limitados y de deseos insatisfechos. Todo el mundo sabe que nos la estamos jugando en este empeño, que sin una adecuada financiación no será posible la autonomía real, y que esta negociación va a servir para medir la influencia y el peso específico que para el Estado tiene cada comunidad.

Ante el actual escenario económico y de reducción de la recaudación fiscal, no va a ser fácil llegar a acuerdos, ni que estos sean estables y duraderos en el tiempo, pues resultará imposible satisfacer las aspiraciones y los compromisos adquiridos con todos. El propio Felipe González pidió el aplazamiento del debate para un mejor momento, pero la agenda de los nacionalistas no admite demora y sus deseos se anteponen una vez más a los intereses generales.

Extremadura se enfrenta a un momento decisivo, donde el menor contrapié en lo que a financiación se refiere, significará renunciar al sueño de acortar ese diferencial que nos separa del resto de las comunidades, porque para que esta tierra alcance el objetivo de convergencia necesita estar tutelada por el apoyo institucional.

Frente a este goteo descentralizador deberá establecerse un modelo equitativo que garantice unas condiciones mínimas de igualdad y de solidaridad. Porque antes de colmar la insaciable voracidad de quienes demandan exquisiteces a la carta, deberá generalizarse un menú que satisfaga las necesidades básicas en su totalidad, preservando esa riqueza inmaterial de pertenencia a un todo, lo demás es prestarse a un mero mercadeo oportunista.

*Profesor.