La llegada del Gobierno socialista ha reabierto el debate sobre la presión fiscal. La recuperación de algunos servicios públicos ha ido acompañada del anuncio de una batería de nuevos impuestos, especialmente para las empresas y los bancos. Solo una leve ralentización de los objetivos de déficit parece aliviar estas tensiones que, según algunos, pueden poner en riesgo la recuperación. En este contexto regresa el debate sobre el fraude fiscal. Según diversos estudios, España acumula un 20% de economía sumergida frente a la media del 15% en la UE. Recuperar una parte de ese dinero opaco al fisco podría significar unos ingresos de 20.000 millones, nada más y nada menos que el 2% del PIB. Si, además, se pusiera orden en un sistema de exenciones que muchas veces prima a las empresas más grandes y menos productivas, cuadraríamos el círculo porque se aumentaría la recaudación sin aumentar los tipos impositivos, solo haciéndolos efectivos.

Los anuncios de subidas de impuestos que ha lanzado el Gobierno de Pedro Sánchez han desatado una auténtica revuelta en el mundo empresarial. Las patronales CEOE y Cepyme amenazan con no cumplir el acuerdo salarial si suben los impuestos. La banca advierte de que un nuevo gravamen aumentará el coste del crédito. Algunas tecnológicas ven en la ‘tasa Google’ una carga contra la innovación. Y el sector del metal alerta de los perjuicios para la industria de condenar a los motores diesel. Las mismas voces que claman contra las alzas fiscales son las que a menudo invitan al Gobierno a aparcar tales subidas y a buscar los ingresos pretendidos en la lucha contra el fraude fiscal.

En la actualidad, la Agencia Tributaria recauda cada año cerca de 15.000 millones de euros en actuaciones de control tributario. Añadir 20.000 millones de ingresos por la lucha contra el fraude supondría duplicar con creces los resultados actuales.

El resultado de esta situación es que la tan reivindicada igualdad de todos los españoles en prestaciones del Estado, que algunos siempre ven amenazada por la dinámica autonómica, está gravemente lesionada cuando lo miramos por el lado de los ingresos. No todo el mundo paga lo mismo, en función del lugar donde trabaja pero tampoco del sector, del tipo de vinculacion laboral o del tamaño de la empresa. De manera que el viejo principio de que paga más el que más tiene se rompe. Paga más el que menos puede esconder lo que tiene.