El pleno del Congreso se quedará sin poder discutir, y mucho menos votar, la decisión de enviar tropas españolas para colaborar en la ocupación de Irak. El PP ha impedido incluso que Aznar comparezca ante la Cámara para dar explicaciones sobre la intervención militar española y sobre la falsedad de las informaciones en las que basó su apoyo a la guerra. Desafortunadamente, nos tendremos que conformar con la comparecencia voluntaria de ayer de Trillo ante la comisión de Defensa de la Cámara, en la que el ministro continuó escamoteando el verdadero carácter y los evidentes peligros de la operación. El único reconocimiento del riesgo que corre el contingente español ante la resistencia iraquí, creciente y organizada, fueron los detalles que dio Trillo sobre las reglas que regularán el empleo de la fuerza por parte de la tropa: sólo para repeler agresiones y en un grado "mínimo", pero incluyendo el uso "letal" de las armas. Sin embargo, la legítima defensa quizá no sea el único supuesto en el que los 1.300 soldados deban empuñarlas. Porque serán responsables de la ocupación de una zona donde no está descartado que actúen guerrillas a las que combatir. El precio puede ser muy alto, y el Gobierno sigue sin explicarlo.
