WLwa reforma del Estatuto catalán inició su camino ayer en el Congreso después de que todos los grupos de la Cámara, salvo el PP, que cuenta con 148 diputados, aprobaran su admisión a trámite. A partir de ahora se inicia un largo proceso de discusión y estudio en la Comisión Constitucional con el fin de que, cuando vuelva al Pleno, su articulado se adecúe a la Constitución.

La admisión del nuevo Estatut es lo que se espera que hagan instituciones democráticas, que es cumplir las normas, puesto que el trámite seguido por los impulsores de la reforma, primero en el Parlamento catalán y después con su traslado a las Cortes, ha sido escrupulosamente constitucional. No es defendible, por tanto, como lo ha pedido el PP hasta ayer mismo, que el Congreso lo rechazara y lo devolviera a Cataluña sin discutirlo. Además, de una actitud así se derivaría inmediatamente una situación de bloqueo político, de rotura de los puentes entre Cataluña y el Estado insoportable para ambas partes.

El objetivo debe ser justamente el contrario, porque Cataluña y España necesitan escucharse. Cataluña ya ha hablado y ha hecho una propuesta que para muchos no se ajusta a la Constitución. Ahora le toca oír. Y si las Cortes consideran finalmente que dicha propuesta es efectivamente anticonstitucional, tendrá que escucharlo, pero sólo podrá hacerlo si se debate su propuesta.

Sólo si se debate su propuesta las instituciones que representan a la voluntad nacional tienen la oportunidad de contestar a Artur Mas , quien defendió ayer el Estatut en el Congreso afirmando que debe ser aprobado porque es "el que quiere Cataluña", y exigiendo a los diputados "sentido de Estado". Si no se hubiera admitido a trámite nadie podrá argumentarle que el sentido del Estado corresponde a todos, también a los políticos catalanes, y que un estatuto es una norma de convivencia que no sólo importa a una parte, por lo que su redacción final deberá expresar no sólo "lo que quiere Cataluña", sino lo que quieren el conjunto de los españoles, a los cuales les afecta.

Si no se hubiera admitido a trámite no se sometería al debate y filtro del Parlamento español, y la nueva norma estatutaria catalana quedaría en el limbo de los proyectos truncados; en la permanente reivindicación por la sociedad de Cataluña de la propuesta rechazada sin discutir como si las ideas que contiene estuvieran prohibidas en democracia; y, sobre todo, como una oportunidad histórica perdida de ahormar el Estatut del futuro bajo el irrenunciable principio de solidaridad entre todas las autonomías de nuestro país; de garantizar la unidad de la nación y del mercado; de la pervivencia en las manos del Estado de un sistema propio de recaudación para, a través de él, hacer la redistribución de los recursos pensando en todos... Ideas en las que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero , basó ayer su defensa de la admisión del Estatut para que sea discutido. Y con ello conseguir que Cataluña oiga lo que el resto de España tiene que decirle.