Los partidos mayoritarios extremeños, PSOE, PP e IU, debatirán el próximo día 17 ante las cámaras de Canal Extremadura sobre los aspectos de interés público de la región. Será una ocasión histórica porque nunca, en casi 25 años de autonomía, se había producido un debate televisado entre los candidatos que aspiran a a presidir la Junta. Se trata, por tanto, de un avance significativo, por cuanto una discusión como la que tienen la oportunidad de entablar Guillermo Fernández Vara, Carlos Floriano y Víctor Casco podrá clarificar el voto para muchos ciudadanos.
Los debates deberían ser considerados por los partidos como lo que, en primera instancia, son: un servicio público. Y en estos tiempos de campaña electoral, en que todos solicitan el apoyo de los ciudadanos enfatizando lo protagonistas y necesarios que son para sus proyectos y lo dispuestos que se sienten a servir a la sociedad, deberían demostrarlo ofreciéndose a participar en todo debate que se le solicite desde los medios de comunicación. Sin embargo, lo que les anima es el cálculo: ahí está el PP, dispuesto a debatir donde sea de cuestiones regionales, pero nada dispuesto a debatir de cuestiones municipales. Al PSOE también se le puede criticar porque no ha accedido a todos los debates que le solicitaba el PP, pero al menos sí ha accedido a mantener uno con los candidatos de los otros dos partidos con representación parlamentaria. La conclusión es que los debates deberían establecerse por ley. Con ello los ciudadanos tendrían la tranquilidad de que accederían con facilidad a los programas electorales, y los partidos dejarían de manejarlos como arma a su conveniencia.
