Sobre el horizonte incierto de algunas Cajas de ahorro planean los nubarrones negros de la desesperanza, lo que evidencia que la intervención del Banco de España en Caja Castilla-La Mancha no fue un hecho aislado, sino el primer estornudo de un proceso viral que ha cursado en pandemia. Las más altas autoridades gubernativas, obviando el nombre de las entidades concernidas, han hablado abiertamente sobre la gravedad de la situación, también la baja calificación que ciertas agencias internacionales han emitido sobre algunas cajas españolas, viene a corroborar la situación de debilidad por la que atraviesan. Con unos balances erosionados debido a su elevada exposición inmobiliaria y con una escasa liquidez dadas las altas tasas de morosidad.
A resultas de lo cual el Gobierno se ha visto obligado a aprobar un fondo de 90.000 millones de euros destinados a sanear varias cajas de ahorro que están en situación de extrema necesidad, entre las que afortunadamente no se encuentra ninguna de las dos extremeñas. Pero antes de proceder a esta inyección de capital público, se abrirá un proceso de fusiones, de absorciones, se echará mano del Fondo de Garantías de Depósito, y se procederá a modificar la Ley de Cajas, al objeto de establecer una serie de cambios que favorezcan la reestructuración del sector. Es responsabilidad del Banco de España la gestión de este proceso, debiendo actuar con total transparencia y honestidad ya que deberá dar cumplida cuenta de su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, por lo que no procede crear otro órgano de control alternativo como ha sugerido algún partido.
XESPAÑA ESx uno de los países con una mayor implantación financiera. A la sombra del boom inmobiliario creció desmesuradamente el número de sucursales, merced a una estrategia expansiva que no se limitó a los tradicionales ámbitos geográficos de referencia, sino que estableció una red clientelar en las diferentes áreas de influencia, pero ahora la situación les obliga a replegarse, a desandar el camino andado, lo que va a significar la eliminación de unas 5.000 oficinas, quedando abiertas únicamente las rentables. Lo mismo sucederá con las propias entidades, que sobrevivirán solamente las más fuertes y diversificadas. Las demás deberán agruparse en torno a ellas, promoviendo una contracción del gasto en estructura que evite el solapamiento y la duplicidad de servicios, quedando algunas sucursales reducidas a pequeñas oficinas sin soporte físico bancario, lo que significará el tener que renunciar a su tradicional modelo de proximidad.
Los partidos mayoritarios están de acuerdo en una modificación de la Ley de Cajas, que conceda una mayor autonomía a sus gestores, disminuyendo del número de políticos en los consejos de administración, para evitar así la financiación de proyectos ruinosos fruto de una manipulación sesgada, arbitraria y partidista, y para salvar las reticencias que las autoridades autonómicas pudieran tener respecto a las fusiones entre cajas de distintas comunidades, debiendo regirse por criterios de carácter estrictamente financiero o mercantil y no por cuestiones de conveniencia política.
En esta ocasión las fusiones entre diferentes entidades no obedecen a los dictámenes gregarios de una moda pasajera, sino al deseo expreso de buscar soluciones, urgidos por una apremiante necesidad de supervivencia, por eso más que crear emporios avalados por el prestigio de lo grande, lo que se pretende es garantizar una estabilidad y una solvencia que evite que algunas cajas tengan que recurrir a la respiración asistida que les proporciona el Banco de España, al objeto de impedir la fuga masiva de depósitos, algo que genera incertidumbre en los impositores y desprestigio en nuestro sistema financiero.
No existen recetas que sirvan para resolver cualquier tipo de situación, por lo que se recurre a las fusiones buscando la posible complementariedad entre varias cajas, de forma que la entidad resultante tenga un abanico más amplio de posibilidades a la hora de poder intervenir en el mercado, lo que consolidará sus ingresos, diversificará sus riesgos y simplificará los costes de la burocracia administrativa, pudiendo acceder a inversiones que antes le resultaban prohibitivas y fuera de su alcance.
A pesar de que los depósitos de los clientes no corren ningún riesgo al estar garantizados por el Estado, no se entiende que algunas cajas, que son entidades sin ánimo de lucro, y no están sometidas a las exigencias de un accionariado de referencia, hayan cometido la torpeza de asumir semejante riesgo, tal vez porque los descalabros en este país tienen una paternidad anónima, ya que suelen ser pocas las responsabilidades ante las que están obligados a tener que responder.
Más allá de la intención voluntariosa de realizar algunos estudios preliminares de aproximación, a las cajas extremeñas las fusiones ni les inquietan ni les urgen, tal vez porque estén ubicadas en una zona del hemisferio que es ajena a los maremotos, y porque ni la opinión pública, ni la clase política, han ejercido sobre ellas presión alguna, por lo que viven amparadas bajo la máxima de que en tiempos de adversidad es mejor no hacer mudanza, apoyadas en aquel otro axioma que reza que es mejor dejar quieto aquello que funciona bien.
