TRtecientemente, el Ministerio de Sanidad y Consumo informaba de la entrada en la "recta final" de la Oferta de Empleo Extraordinaria (OPE Extraordinaria) del INSALUD, "para la resolución definitiva de todo el proceso". El departamento de Elena Salgado anunciaba así, con tintes triunfalistas, lo que no es sino una decepción más para los más de 40.000 trabajadores de la Sanidad pública, que, desde hace cuatro años, esperan con ansiedad un destino donde ejercer sus funciones laborales. Y es que, en realidad, el anuncio del ministerio no era la resolución del proceso, sino una prórroga de otros doce meses más, lo que ya suma un total de cuatro retrasos, en un proceso que debiera haber concluido en junio de 2003.
De esta forma, ha sucedido lo que, desde SATSE, nos temíamos: una demora de otro año para cumplir, por parte del Ministerio de Sanidad, con un compromiso que no termina de ver la luz. Una situación que acrecienta la inestabilidad laboral y familiar de los miles de trabajadores del Sistema Nacional de Salud pendientes del proceso, justo lo contrario de lo que el Ministerio de Sanidad afirma perseguir con la OPE Extraordinaria.
Y ésta es una de las consecuencias más agudas del proceso extraordinario de consolidación de empleo, que viene alargándose en exceso en el tiempo. Mientras que para la mayoría de los ciudadanos la conciliación de la vida familiar y laboral constituye una prioridad --en la medida en que cuentan con un lugar de trabajo definido--, para los más de 40.000 trabajadores de la Sanidad pública pendientes de destino, ese objetivo queda diluido en un futuro incierto. Ninguno sabe, con certeza, dónde trabajará. Ninguno de ellos podrá escapar de la inseguridad y la incertidumbre que genera desconocer dónde ejercerá finalmente las tareas laborales para las que ya ha demostrado, tal y como se le exige, sus aptitudes profesionales.
Y todo ello, porque el Ministerio de Sanidad y Consumo no ha sido capaz de cumplir en estos cuatro años con su compromiso. Pero ésta no es la única consecuencia negativa para los trabajadores afectados por la incompetencia de la cartera de Sanidad a la hora de cumplir sus compromisos. Y es que a la inestabilidad personal derivada de la falta de resolución de la OPE Extraordinaria se unen los perjuicios económicos, como es el retraso en el cobro de complementos --en el caso de los trienios o la carrera profesional, por ejemplo-- y la paralización en las convocatorias de nuevas ofertas de empleo. Un perjuicio que termina por extenderse a todo el sector de la Sanidad pública.
Desde SATSE, en numerosas ocasiones hemos reiterado al Ministerio de Sanidad y Consumo la celeridad en este proceso, cuya demora resulta alarmante. Nuestro compromiso siempre ha sido el de contribuir a su resolución definitiva, pero nuestras voces han caído en saco roto, como lo demuestra el nuevo retraso en la OPE Extraordinaria, del que no entendemos cómo el ministerio puede hacer gala hablando de "recta final". Un final que debió haber llegado hace dos años y medio.
*Secretario Autonómico
SATSE-Extremadura
