El decreto pactado por el Partido Popular y el PSOE para evitar un colapso judicial por la aplicación de la sentencia judicial europea contra los abusos en cláusulas suelo en los créditos hipotecarios no ha conseguido el objetivo que pretendía cuando se publicó el pasado mes de enero. Los afectados no han encontrado en esa normativa una fórmula que les permita recuperar el dinero que pagaron inapropiadamente a las entidades bancarias. De igual manera, los bancos están prefiriendo la litigiosidad a la eficiencia, entre otros motivos porque les resulta más fácil de soportar que a los afectados. La práctica, pues, ha demostrado lo evidente: el decreto sin el respaldo de las partes se convierte en un papel mojado y los bancos no están dispuestos a reconocer sus propios errores y enmendarlos si no es por mandato judicial.

El decreto se aprobó con el objetivo de evitar que los juzgados se vieran saturados de demandas. Pero la verdad es que finalmente ha tenido el efecto contrario. Tan solo ha servido para que los bancos públicos -Bankia y BMN- pusieran en marcha el mecanismo para devolver el dinero cobrado desde la constitución de las hipotecas con cláusulas suelo no transparentes, tal como establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado mes de diciembre. El resto de entidades bancarias han optado por la negociación individual, o lo que es lo mismo, una aplicación de mínimos del decreto, lo que prácticamente quiere decir dejar el tema en manos de los jueces.

Llegados a este punto, el Gobierno debería como mínimo atender las demandas que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial e incrementar los medios materiales de los juzgados que deben ahora hacerse cargo de este desaguisado. De igual manera, Gobierno y PSOE deberían explorar cualquier posibilidad que tengan a su alcance de presionar a la banca en el sentido de obligarla a asumir las responsabilidades que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado.

Si los bancos no tienen la sensación de que las instituciones políticas van a defender inequívocamente a los ciudadanos no se sentirán obligados a reaccionar. Una reacción de la que no solo depende su cuenta de resultados y su suerte judicial sino también su reputación.