Tras el clamoroso fiasco de la justicia con la condena de Dolores Vázquez por el asesinato de Rocío Wanninkhof, el Gobierno y los sectores conservadores del poder judicial han vuelto a poner sobre la mesa una reforma a fondo de la ley del jurado, por la que el tribunal popular tendría una composición mixta de ciudadanos y jueces de carrera. Sería lamentable que fuera el jurado popular --una institución contemplada en la Constitución de 1978-- el que pagara los platos rotos del cúmulo de errores que se produjeron en este caso.

El jurado popular, sin tradición en España, es una modalidad que requiere de un alto grado de responsabilidad de los ciudadanos. Es decir, se corresponde con una sociedad democrática y madura. Y, con los datos en la mano, puede decirse que los jurados --que iniciaron su andadura en el año 1996-- han funcionado correctamente. El porcentaje de condenas y absoluciones, así como el de las sentencias revocadas, es similar al que existía con los tribunales integrados sólo por magistrados profesionales.

Sí parece razonable, en cambio, reformar la ley para que los tribunales populares dejen de intervenir en ciertos tipos de delitos de carácter menor o muy técnico.