La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió el martes por cuatro votos a uno mantener al juez Pablo Ruz al frente del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional. Ruz es el juez que tiene en sus manos causas tan delicadas como el 'caso Gürtel', 'los papeles de Bárcenas', los presuntos delitos fiscales de Jordi Pujol Ferrusola , el 'caso Neymar' y diversos temas de justicia universal. Pese a lo destacado de los sumarios que maneja, no es el titular de ese juzgado, que heredó provisionalmente de Baltasar Garzón cuando este fue suspendido en el 2010. Ruz está, pues, de paso entre tanto asunto serio y tanto foco mediático. Los miembros del gobierno de los jueces (el CGPJ) decidieron sacar la plaza a concurso --junto a otras 364-- para que la ocupe un titular. La tentación o la sombra de la sospecha para dificultar la resolución de algunas causas que afectan al PP --Gürtel y Bárcenas-- planea sobre la alambicada solución que se ha dado al caso: Ruz podrá seguir al frente de los sumarios hasta el próximo marzo, momento en que se espera que la plaza tenga un nuevo juez titular. Si Ruz no ha concluido aún la instrucción, podrá solicitar otra prórroga, que quedará en manos del CGPJ conceder o no. El juez quedaría entonces como refuerzo del nuevo titular y, en principio, seguiría con las causas que ya controla. Pero todo queda demasiado abierto, al albur de lo que decida la permanente del CGPJ, controlada por afines al PP, y más después de que la representante propuesta por CiU, Mercè Pigen , se viera en la tesitura de renunciar al cargo al publicar este diario el incidente de su entrada con dinero efectivo por la frontera andorrana. Las cosas en el consejo no son exactamente mecánicas --en este caso, un consejero propuesto por el PSOE votó con los conservadores--, pero lo cierto es que la representante nacionalista ejercía de balanza entre las partes. El sustituto de Pigem es conservador, con lo que el PP se garantiza una cómoda mayoría de 4 a 6 en la permanente.

Queda por ver si Ruz estará por la labor de aceptar sus nuevas condiciones y cuál será la actitud del Partido Popular en marzo, a dos meses de las municipales y autonómicas. Por si acaso, cinco vocales progresistas del pleno amenazan con recurrir la decisión. No está claro legalmente que la fórmula del martes tenga amparo legal, y por ahí se podría colar alguna defensa para pedir la invalidación de su caso. Toda prudencia es poca.