XMxás de un millar de inmigrantes se han encerrado en los últimos días en señal de protesta. Como en otros tiempos, se ha hablado de manipulación de esas personas lo que, objetivamente, ofende la dignidad de las mismas. También se dijo que el Estado de derecho les obliga. Nadie duda de ello. Pero sería bueno valorar si, en efecto, el Estado de derecho los trata como auténticos ciudadanos, y si la democracia respeta plenamente sus derechos. Porque es una condición para que puedan, efectivamente, integrarse en la sociedad y no ser víctimas de un proceso de exclusión social.
En todo caso, los encierros han sido el detonante para que afloren nuevamente las graves insuficiencias de la ley de extranjería. La ley tenía el mismo objetivo que las anteriores, contener la inmigración procedente de países empobrecidos y un mayor control policial de su entrada y permanencia en España. La nacionalidad, única circunstancia que diferencia a inmigrantes de españoles, no puede generar una diferencia de trato que se traduzca en formas diversas de discriminación que quiebran el valor democrático de la igualdad.
Los inmigrantes irregulares siguen careciendo de derechos cívicos fundamentales como los de reunión, manifestación y asociación. ¿Por qué no se han emprendido iniciativas para devolver a esas personas --¿ciudadanos?-- los derechos de que fueron privados? La realidad es que si se ha procedido a suspender normas aprobadas por el PP, los inmigrantes merecían también una iniciativa para recuperar su condición ciudadana.
En la ley se han impuesto a los extranjeros, a aquellos inmigrantes, condiciones jurídicas más gravosas que a los españoles que, en ciertos momentos, se traduce en un auténtico acoso. Así, la relación de los inmigrantes con las administraciones está sujeta a un régimen de excepción. Se les exige, como norma, la presentación personal para cualquier reclamación, lo que extrema la dificultad que ya tienen para el ejercicio de sus derechos. Y la mayor parte de sus reclamaciones pueden ser inadmitidas a trámite generando un estado de indefensión.
La ley mantiene un sistema de injerencias en su vida personal y social que no es compatible con un Estado democrático. Nadie duda de que las administraciones deben coordinarse para dar soluciones globales al problema migratorio. Pero el objetivo no es hacer frente al inmigrante como un peligro. El acceso de todas las autoridades y en particular del Ministerio del Interior a todos los ficheros donde obren datos de los inmigrantes no tiene otra finalidad que crear un clima generalizado de sospecha que guarda similitud con los actos de discriminación directa o indirecta que contempla la ley.
Más grave aún es el control del padrón municipal. En el régimen jurídico anterior las Fuerzas de Seguridad tenían acceso a aquellos datos sólo en los supuestos de que estuviera justificado para prevenir "un peligro real para la seguridad pública y para la represión de las infracciones penales", acceso debidamente controlado y necesariamente temporal. Ahora el acceso es incondicionado y generalizado. Entendemos que carece de toda justificación, porque son injerencias ilegítimas.
Por otra parte, ahí están las medidas represivas introducidas en el proceso penal que permiten al juez autorizar la expulsión de un extranjero por la única circunstancia de estar procesado o inculpado por una falta o por un delito con pena inferior a seis años, medida que entraña una violación del principio de presunción de inocencia. Como también sigue vigente la posibilidad de que las penas inferiores a seis años impuestas a un extranjero sean sustituidas por la expulsión del territorio nacional, previsión contraria a los principios reinsertadores de la pena.
Estas medidas, como otras, consistentes en someter el derecho al trabajo del extranjero a un régimen de autorización administrativa previa o las restricciones a la reagrupación familiar, describen un panorama en el que, sin exceso alguno, puede afirmarse que se ha creado un sistema de medidas restrictivas que constituyen un sacrificio innecesario de los derechos que la Constitución garantiza .
Ante este marco normativo, el Gobierno debe emprender reformas inmediatas para garantizar a los inmigrantes el estatuto de ciudadanos que merecen, alejando cualquier forma implícita o explícita de discriminación.
*Exfiscal anticorrupción
