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editorial

Democracia, ley y convivencia

 

01/10/2017

El independentismo ha superado en los últimos meses todos los límites imaginables: legales, políticos y cívicos. El intento de organizar un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña sin una clara mayoría en el Parlament, sin el acuerdo con el Estado y sin ningún aval internacional ha sido simplemente un fiasco, al margen de lo que ocurra hoy. El camino emprendido por el president Carles Puigdemont, pero inspirado en la doctrina de la unilateralidad y la desobediencia defendida por la CUP, no lleva a ninguna otra parte que a la pérdida del autogobierno catalán y la ruptura de la convivencia, como se ha podido comprobar en las últimas semanas.

Abandonar la política, llevar a las instituciones fuera de la ley y entregar la dirección efectiva del país a las calles y a las masas tiene lógicamente su correlato en un choque frontal con el Estado de derecho. Con las leyes que presuntamente debían amparar el referéndum convocado para hoy suspendidas por el Tribunal Constitucional, con todos los miembros del Gobierno de la Generalitat imputados, la Hacienda española controlando los pagos de la caja catalana y con las dos principales organizaciones civiles del soberanismo investigadas por un posible delito de sedición el estropicio va a durar días, semanas y meses.

Para volver a la política es decisiva la manera cómo transcurra la jornada de hoy. El empecinamiento en la desobediencia del Govern ha trasladado este conflicto político a las calles y ha puesto en jaque la convivencia. Y hoy pone en riesgo la seguridad ciudadana.

El peligro es elevado y todas las llamadas a la calma que surgen desde dentro y fuera del movimiento independentista son fruto de la irresponsabilidad de quienes nos han traído hasta aquí. Ante la ilegalidad del referéndum, lo más relevante de la jornada, si no se registran incidentes, será la interpretación que hagan Puigdemont y sus socios de lo que acontezca. Cualquier intento de llegar a presentar unos resultados que avalen una declaración unilateral de independencia dejarían a los líderes invalidados para asegurar la convivencia y afrontar el diálogo que ha de llegar. En cambio, si los dirigentes catalanes vuelven a la política, pueden encontrar aliados para impedir que Rajoy siga parapetado tras los jueces y los funcionarios y se inicie una etapa de diálogo.

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