TLtas imágenes de Josep Piqué abandonando el acto de Martorell casi llevado en volandas por sus escoltas, protegido por sus brazos de los intentos de golpearle, agachado y corriendo, son una vergüenza para la democracia y para Cataluña. No es la primera vez que los dirigentes populares son agredidos en actos de campaña en Barcelona y tienen que salir protegidos por las Fuerzas de Seguridad. Nada justifica una conducta tan incívica que atenta contra el derecho a defender las ideas y propuestas de cualquier partido democrático.

La falta de respeto ante las ideas ajenas y la defensa por la fuerza de las propias lleva a situaciones como la triste vivencia del País Vasco donde los cargos públicos caminan seguidos de guardaespaldas. No hay que consentir ningún tipo de violencia porque se empieza lanzando botes y no se sabe cómo se acaba. Las Juventudes del PSC deben aprender la lección de que convocar a incontrolados tiene estos riesgos y aunque han asegurado que no fueron ellos han tenido que expulsar a uno de sus militantes que sí participó en la refriega. Ante la queja de Piqué, por la falta de muestras de solidaridad del resto de las fuerzas políticas ante su agresión, la movilización fue inmediata y le llovieron los apoyos, desde el Parlament de Cataluña hasta el Parlamento Europeo. No podía ser de otra manera ya que ningún demócrata puede guardar silencio ante actos así. Otra cuestión es la falta de medidas de seguridad ante un acto político que, vistos los precedentes, tenía todos los boletos de necesitar protección policial. Los Mossos no están todavía desplegados en Martorell pero la Delegación del Gobierno no actuó con la necesaria diligencia y era evidente que, tres guardias civiles, poco podían hacer frente a los iracundos.

Los repetidos actos de violencia callejera que se viene produciendo en Cataluña, desde los actos de conmemoración de la Diada, a los okupas actuando a sus anchas por las calles o el asalto ilegal de las pistas del Prat este verano por los trabajadores de Iberia, transmiten una sensación de descontrol de un servicio público cuya función principal debe ser proteger los derechos de los ciudadanos. Así la campaña electoral no va a resultar fácil.

*Periodista