Esta que se nos anuncia ahora dará mucho que hablar, con toda probabilidad. Nada menos que una ley que garantizará a todos los ciudadanos el derecho a saber. El anteproyecto de ley de Transparencia y Acceso de los ciudadanos a la Información Pública, está previsto que se apruebe hoy. Cualquier ciudadano ha comprobado hasta qué punto el poder se resiste a compartir una información que le interesa --a ese ciudadano concreto, a todos los ciudadanos--, como si fuera de su propiedad y no perteneciera al conjunto de los ciudadanos, que la sufragan con sus impuestos.
Se cuenta el caso de los diputados valencianos que han llegado hasta el Constitucional ante la negativa del PP a informarles sobre los contratos del Gobierno de Camps con la trama Gürtel , algo que no es una excepción, por cuanto los poderes públicos suelen reaccionar con incomodidad ante la demanda de información. En el peor de los casos, la ven como una intromisión y, en el mejor, como un engorro. Cualquier pretexto sirve para dar largas al ciudadano, cuando no la callada por respuesta. Pues bien, esta situación deberá cambiar radicalmente cuando el año próximo entre en vigor la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, cuyo anteproyecto se propone aprobar hoy el Gobierno, en su primera reunión tras las vacaciones.
Según el avance del proyecto, en casos complejos, la resolución podrá demorarse hasta un máximo de 60 días. La Agencia de Protección de Datos dirimirá en caso de discrepancia. Los concesionarios de servicios públicos también tendrán que facilitar datos. Los ayuntamientos deberán entregar copias de sus acuerdos... Son algunas de las recetas que contendrá esta novedosa y hasta revolucionaria norma que, por vez primera en España, y con carácter general, reconocerá "el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública".
El texto, cuya elaboración ha sido coordinada por la vicepresidenta primera, M Teresa Fernández de la Vega , parte del reconocimiento del derecho constitucional a saber. Por tanto, no es el ciudadano quien debe justificar su interés en conocer un dato, sino que es la Administración la que debe explicar su negativa a facilitárselo. El anteproyecto considera información pública toda aquella que haya sido "elaborada o adquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y que obre en su poder". Es decir, no sólo la que tienen las distintas administraciones (central, autonómica o local), sino también la que posean "otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas --desde empresas de recogida de basuras a universidades--, siempre que haya sido obtenida o generada en el ejercicio de su actividad pública". Y no se trata solo de documentos, sino de la información en sí, cualquiera que sea su soporte. Para que el derecho de acceso sea efectivo y la información no pierda actualidad, el anteproyecto fija plazos taxativos a la hora de responder a los ciudadanos. El órgano al que se dirija la demanda deberá responder en un máximo de 30 días. Sólo "cuando el volumen o complejidad de la información solicitada hagan imposible cumplir dicho plazo", éste se podrá ampliar 30 días más, de lo que se advertirá al demandante en los 10 días siguientes a la presentación de su solicitud. La resolución se comunicará por escrito al solicitante, al que se indicará cómo acceder a la información.
En caso de que se rechace, parcial o totalmente, el acceso, habrá que explicar la razón. Las administraciones deberán abandonar su habitual pasividad, pues, una vez agotado el plazo para dictar resolución --30 o 60 días, según el caso-- sin que ésta se haya producido, el solicitante tendrá 10 días para confirmar su demanda. Si 30 días después de dicha confirmación sigue sin haber respuesta, la petición se considerará aceptada. Se aplica así el silencio positivo, en vez del negativo, como sucede hasta ahora. El ciudadano que vea rechazada su solicitud puede, lógicamente, interponer ante los tribunales un recurso contencioso-administrativo pero, consciente de que se trata de una vía lenta y costosa, el anteproyecto prevé la figura de un árbitro que resuelva con agilidad y prontitud las discrepancias.
Este papel corresponderá a la Agencia Española de Protección de Datos, que alargará su nombre con la coletilla "y Acceso a la Información". El organismo, que vela porque los ficheros de datos respeten la intimidad de los ciudadanos, se encargará también de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Las administraciones no se limitarán a contestar las demandas de información, sino que deben adelantarse a difundirla.
El Gobierno reconoce que el nivel de transparencia y la facilidad de acceso a la información pública se consideran internacionalmente como un "indicador de la calidad de los sistemas democráticos". No sólo sirve para combatir la corrupción, sino también la mala gestión y la ineficacia. Pese a ello, ha tardado seis años en cumplir una promesa que ya figuraba en el programa electoral de 2004. En este campo, al contrario que en otros como la igualdad de género o el matrimonio homosexual, España está en el furgón de cola. La mayoría de los países europeos tienen una ley de transparencia y el Consejo de Europa aprobó en noviembre de 2008 el Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales en el que, en buena medida, se inspira el anteproyecto.
Será como entrar en la quinta dimensión . En un mundo nuevo largamente esperado...
