Citaba Santo Tomás de Aquino a San Isidro que en sus Etimologías decía: «La ley ha de ser honesta, justa, posible según la naturaleza y las costumbres del país. Proporcionada a los lugares y a los tiempos, necesaria, útil, clara, para que no haya engaños ocultos en su oscuridad, ha de estar dictada no en provecho personal, privado, sino para la común utilidad de los ciudadanos». Con esto se viene a decir que el principio de una ley lleva implícita el servir a los ciudadanos, ser conocida, transparente y, por supuesto, ser justa.

Sin embargo, inevitablemente, aunque toda persona rápidamente relaciona justicia y legalidad como algo aparejado en sí mismo, a veces y no pocas, no tienen nada que ver. La esclavitud fue legal durante muchos años, no por ello justa, pero ciertamente legal. Nuestro Código Penal así a grosso modo, con reformas puntuales posteriores, data de 1995. En él es curioso observar los motivos que dieron lugar a su última reforma global. Disculpen malgaste el espacio transcribiendo literalmente pero creo necesario el mismo.

«El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar». Más adelante, en su preámbulo cita: «Además de las normas que otorgan una protección específica frente a las actividades tendentes a la discriminación, ha de mencionarse aquí la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual. Se pretende con ella adecuar los tipos penales al bien jurídico protegido, que no es ya, como fuera históricamente, la honestidad de la mujer, sino la libertad sexual de todos. Bajo la tutela de la honestidad de la mujer se escondía una intolerable situación de agravio, que la regulación que se propone elimina totalmente. Podrá sorprender la novedad de las técnicas punitivas utilizadas; pero, en este caso, alejarse de la tradición parece un acierto».

Pues bien, con la ley y el Código Penal vigentes, hay sentencias que serán legales y no dudo que se haya aplicado con la máxima pulcritud posible por parte de los jueces, pero desde luego no son justas y si una ley permite que haya sentencias injustas, y no sirve a los ciudadanos, más bien todo lo contrario, o la ley no es justa o el Código Penal, el llamado «la Constitución negativa», debe cambiarse.

Cualquier ley, proceso, sentencia, juicio, etcétera, debe basarse en dos principios básicos, el derecho natural y el respeto a la dignidad humana. Estos no son principios que me saque de la manga, derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que están por encima de cualquier legislación.

Habrá sentencias legales, pero no justas, por eso hay que cambiar la legislación y el Código Penal, como decía este mismo en 1995, acorde a los tiempos y para servir a los ciudadanos y a la sociedad, incluso visto lo visto, también cambiaría algún derecho animal.