Derecho a no sufrir

Mi padre tiene 62 años y desde hace 14 padece una artritis reumatoide que le ha incapacitado en el trabajo. En los últimos años, la enfermedad ha ido agravándose de tal modo que sus articulaciones de muñecas, rodillas y tobillos se han deformado, el dolor se ha apoderado de él y, en poco más de un año, apenas puede caminar y valerse por sí mismo. Tras casi un mes en el hospital, primero, en la residencia Villanueva-Don Benito, donde ha permanecido diez días guardando reposo y a base de fuertes calmantes contra el intenso dolor y, después, en el Infanta Cristina, con el mismo tratamiento pero con la diferencia de que ha sido sometido a varias pruebas concluyentes, el diagnóstico es un gran desgaste de caderas que necesita el implante de una prótesis para recuperar la movilidad y aliviar el dolor. El equipo de tramautología del Infanta --siempre con un trato correcto-- considera que es en Villanueva-Don Benito, área sanitaria a la que pertenecemos, donde debe realizarse la intervención, por lo que tramita el traslado a pesar de que el paciente continúa en la cama sin poder moverse y con fuertes dolores. El trámite se resuelve pero envían a mi padre a casa con el argumento de que hay más pacientes en situaciones similares y una lista de espera que respetar que, aunque su caso pueda considerarse preferente si se expone ante la dirección médica o en atención al paciente, no bajará de los 15 días.