Las declaraciones de la juez decana de Barcelona, María Sanahuja , en las que advierte de que en ocasiones se aprovecha la actual sensibilización contra la violencia doméstica para efectuar denuncias injustificadas y conseguir mejores condiciones en las separaciones matrimoniales, han levantado una airada polémica. El argumento central de las críticas a la juez es que, en momentos en que hay tantos casos de malos tratos a mujeres, es irresponsable deslegitimar genéricamente las denuncias de su existencia. Si las palabras de Sanahuja hubiesen ido en esa dirección, el reproche estaría justificado. Pero no fue eso lo que dijo la decana, que se limitó a señalar algo delicado: a veces hay denuncias abusivas interesadas. María Sanahuja tenía que haber precisado más su juicio, apoyándolo con cifras y ejemplos. Pero, en cualquier caso, emitió una opinión legítima con la que se puede estar o no de acuerdo pero que no merece una descalificación de raíz. Porque, refiriéndonos a una cuestión jurídica, sorprende que al debatir sobre posibles abusos al acogerse a las leyes, se eleve a la categoría de principio la consideración de que no conviene plantear en público --es decir, conviene censurar-- la existencia de casos de calumnias. Es muy preocupante.
