Durante los últimos días hemos asistido al debate sobre la posibilidad de obligar a las personas desempleadas que perciben prestaciones a que, en lugar de a los tres meses de su inscripción como desempleados, sea a los 30 días cuando tengan la obligación de asistir a las acciones formativas que el Servicio Público de Empleo les ofrece. Ante esta posibilidad, hay quien ha hablado de persecución a los desempleados con la pretensión de confundir y, además, haciéndoles un flaco favor al olvidar que no sólo nos encontramos ante un deber sino, sobre todo, ante un derecho.

Está demostrado que cuanto más tiempo pasa una persona en situación de desempleo, las dificultades para su reincorporación al mundo laboral son mayores. Por el contrario, la participación en una acción formativa les devuelve, a las y los desempleados, a una situación de actividad, de conexión con el mundo laboral, de relación con los demás, que aumenta sus posibilidades de volver a encontrar un nuevo empleo. En este sentido, es lógico y recomendable que la persona desempleada --además de buscar empleo-- se inscriba cuanto antes en una acción formativa que aumente sus posibilidades de éxito.

Desde el Servicio Público de Empleo (Sexpe) no podemos ofrecer empleo para todos, pero sí la posibilidad de mejorar la cualificación y prepararnos para la nueva economía que viene. Las personas menos formadas son más vulnerables en el mercado laboral, especialmente cuando se producen situaciones de crisis; por eso son ellas quienes deben tener una mayor protección haciendo uso del derecho a estar mejor formados profesionalmente.

XEN LOS PROXIMOSx diez años, en el ámbito de la Europa de los 25, las ocupaciones que requieren un bajo nivel formativo tenderán a disminuir --desde el 26% actual hasta el 18%--, mientras aquellas que exigen un nivel de estudios alto o una cualificación media tenderán a aumentar; de ahí que la iniciativa europea Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos establezca la necesidad de que tanto la Unión Europea como los países miembros centren sus estrategias para el crecimiento y el empleo en la mejora de las capacidades y en la adaptación de la población a las necesidades del mercado laboral. Por eso, desde la Junta de Extremadura hemos impulsado un cambio radical en el modelo de formación para el empleo que permite ofrecer a todos los extremeños, con independencia de su lugar de residencia, la posibilidad de acceder a acciones formativas para personas desempleadas; acciones formativas que han sido planificadas desde el diálogo con los agentes territoriales, administraciones, sindicatos y empresarios, que han ofrecido su visión sobre las necesidades futuras del mercado laboral en cada territorio. Y por ello, casi el 75% de las acciones formativas que el Sexpe va a poner en marcha en las próximas semanas no se habían realizado nunca en la comunidad autónoma. Fruto de esa reflexión y con el objetivo de acercar al trabajador desempleado a la empresa, también hemos introducido la obligatoriedad de realizar prácticas no laborales en todos los cursos de formación para desempleados.

La necesidad de la formación en el mundo en que vivimos nos obliga a la recualificación permanente, mejorando nuestras capacidades para adaptarnos a los cambios que el trabajo nos impone diariamente. Ya no hay ninguna ocupación u oficio que permanezca invariable, aunque sólo sea por la necesidad de adaptación a un entorno que nos exige la utilización de herramientas y maquinarias que se renuevan día a día. Los certificados de profesionalidad van en esa dirección, permitiendo además una conexión con la enseñanza reglada que, sin duda, favorecerá la reincorporación al sistema educativo y al perfeccionamiento profesional. En este mismo sentido, la incorporación del derecho a la formación profesional permanente a los actuales derechos de la ciudadanía será una realidad en un futuro próximo.

En definitiva, querer hacer ver esta propuesta sólo como un deber y no como un derecho es contribuir a alimentar la exclusión social de quienes acaben por no ejercer este derecho. No es fácil deslindar dónde comienza el derecho y dónde empieza el deber; pero parece razonable que sea a aquellas personas que perciben prestaciones por desempleo, a quienes debe exigírseles un mayor compromiso. Por lo tanto, el debate no puede situarse en 30 días o en 100 días para la participación en acciones formativas. Quien quiera situarse al lado de los trabajadores, debería exigir una formación para el empleo para las personas desempleadas inmediata y de calidad.