El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está denegando los derechos fundamentales de los cónyuges de españoles de nacionalidad búlgara y rumana. El real decreto 240/2007 establece claramente que "(...) al ser cónyuge de español/a, cualquiera que sea su nacionalidad, (...)tiene derecho a residir y trabajar en España en igualdad de condiciones que los españoles". El ministerio, incomprensiblemente, dice que la ley no es aplicable a los búlgaros y a los rumanos casados con españoles, y que tales ciudadanos serán tratados con más restricciones que los extracomunitarios casados con españoles. Esa norma va contra dicho decreto y también contra el tratado de adhesión. He denunciado el caso a la Comisión Europea, a UGT y a la Cruz Roja, y los tres organismos están de acuerdo en que la interpretación que hace el Gobierno es incorrecta y hasta ilegal. La organización Solvit, adscrita a la Comisión Europea, se ha puesto en contacto conmigo comunicándome que comparte mi preocupación y asombro ante la situación, y que es conocedora del problema. La citada entidad --que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores-- está intentando que la persona que en Trabajo está denegando los derechos nacionales y europeos a varias familias reconsidere su posición. UGT también se puso en contacto conmigo porque igualmente está al corriente del tema. El sindicato me dijo que estaba preparando una denuncia al respecto ante la Comisión Europea. Creo que es justo pedir explicaciones y responsabilidades a quien, con un cargo administrativo y poder de decisión, está negando derechos fundamentales a familiares de españoles.

Valentín Prat Padrós **

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