WFw abio Asensio García, el niño de la localidad cacereña de Ahigal con trastornos cerebrales que, además, sufre una insuficiencia renal que lo tiene atado a la máquina de diálisis, ha logrado que la justicia le reconozca su derecho a ser incluido en la lista de candidatos a trasplante. Esa posibilidad se la había negado el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), institución que cuenta con los centros hospitalarios de referencia para trasplantes renales infantiles y a los que se remiten los enfermos extremeños. El Sermas se oponía a la posibilidad de que Fabio recibiera un riñón de un donante porque el trasplante no "mejoraría su rehabilitación, socialización y calidad de vida". Aunque el caso de Fabio dividía las opiniones de los especialistas --unos pensaban que la posición del Sermas era médicamente correcta y otros no--, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha concluido que el demandado no ha demostrado que fuera inadecuado incluir al niño en la lista de trasplantes, por lo que la negativa a hacerlo viola el principio de igualdad y no discriminación.
España es, afortunadamente, un Estado de derecho, pero a veces los derechos no se reconocen a todos por igual y hay que ganárselos a codazos, como ha hecho la familia de Fabio en nombre de su hijo. Y es triste que haya que hacerlo. Y es, además, preocupante que un servicio público de salud niegue una prestación a un ciudadano y luego no sea capaz de demostrar ante los tribunales por qué lo ha hecho.
