Recientemente la Comisión Europea ha publicado el informe anual sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales. El informe destaca que, pese a que 2017 fue un año de desafíos a los derechos fundamentales, funcionaron las estructuras e instrumentos que garantizan que los derechos de la Carta sean una realidad. Desde la Unión Europea se insiste en el carácter vinculante de la misma, y por ende, a todos los Estados miembros, aunque la realidad siempre nos describe una ralentización en cuestiones que tienen que ver, en ocasiones, con el concepto de la discriminación, trato de menores, trata de mujeres, y situaciones de desamparo en relación con el aparato judicial. En este sentido, se pone de manifiesto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el problema es el de siempre el coste económico, y la lentitud de los procedimientos, que aunque está muy bien por lo garantistas, a veces, sus efectos, por eso del tiempo, resultan decisiones a destiempo.

En relación a esa asunción de derechos fundamentales, el camino hacia una mayor igualdad sigue siendo una especie de cuesta hacia arriba, que va logrando escalones, pero que debe seguir siendo insistente, si de verdad queremos aunar a los ciudadanos, bajo un concepto de meritorio e igualdad de trato.

Hay un dato a destacar y tiene que ver con el hecho de apoyar a esos movimientos civiles, que son claves para vertebrar una sociedad de los ciudadanos, frente a una sociedad burocrática y que se pierde a veces en los entramados de una Unión Europea, donde el ejercicio del lobby sigue jugando un papel importante a la hora de influir en decisiones de poder. De ahí que sea importantes este tipo de informes si se quiere insistir en una Unión Europea de los ciudadanos, donde los derechos sociales constituyen la clave de la andadura de una Unión Europea que puede desquebrajarse por algunos frentes, los de los que no creen en la unidad como concepto histórico, cultural y social; y aquellos otros que anteponen sus territorios ante el concepto humano de la solidaridad.

Para ello esta Carta debería de servir para fijar posiciones muy claras en relación a la Europa de los ciudadanos en cuestiones que tienen que ver con la igualdad y la no discriminación, un sistema universal sanitario, además de un marco educativo donde se garanticen todas las etapas; además de garantizar un sistema de condiciones laborales común a todo el espacio europeo. Y lo más sustancial que todo ello tenga que ver con un concepto de solidaridad entre territorios.

No debemos de olvidar que desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es jurídicamente vinculante. Lo que viene a significar que las disposiciones de la misma van dirigidas ante todo a las instituciones de la Unión Europea, también a las administraciones de los respectivos países, así como a todos los que tienen efectividad en la aplicación del Derecho Comunitario. La clave debe estar en saber y conocer el alcance de esta Carta y la capacidad de implementación de la misma al día a día de los ciudadanos de cada uno de los territorios que conforman el espacio de la Unión Europea.