WEwn los últimos días, las viviendas sociales de Gabriel y Galán, en la barriada de La Data de Plasencia, han sido escenario de un hecho inusual en la región: el desahucio, por orden del juez, de 52 pisos ocupados ilegalmente. Los primeros desalojos se hicieron con presencia policial (incluso se desplazaron agentes antidisturbios desde Sevilla), pero finalmente el presidente de la Agencia de la Vivienda, Javier Corominas , y la alcaldesa de la ciudad, Elia Blanco , han llegado el jueves a un acuerdo con los ocupantes para abandonar de forma pacífica todas las casas hasta completar la relación que ha sido objeto de la orden de desahucio y, de paso, cancelar la manifestación prevista en la víspera de Nochebuena.

La medida ha sido criticada, sobre todo por el concejal regionalista Victoriano Durán , socio del gobierno municipal, quien cree que su aplicación es un agravio comparativo con actuaciones anteriores en que se legalizaron situaciones irregulares como las ahora perseguidas. Sin embargo, la actuación de la Agencia es coherente. Es más, no puede conducirse de otro modo porque está sujeta al principio de legalidad: la ley está para que se cumpla y la Administración tiene la obligación de cumplirla y de hacerla cumplir. Y también por justicia: cuando en Extremadura hay personas que necesitan una vivienda social, no se puede permitir que ocupen las vacías aquellos que esgrimen por todo argumento el de atreverse a dar una patada a una puerta. Incluso la situación de algunos de los ocupantes es incompatible con la percepción de una vivienda social y no porque hayan forzado la entrada, sino porque tienen otra; o no pagan el alquiler; o las utilizan no para habitarlas, sino como almacén de los productos con los que se ganan la vida.

Precisamente porque la Agencia de la Vivienda ha actuado con probidad cabe demandarle por qué no lo ha hecho antes; por qué la Junta, que tiene un nutrido parque de viviendas, no actúa siempre con rigor, porque el rigor es perseguir al tramposo, al pícaro, pero sobre todo es proteger los derechos de las personas que verdaderamente necesitan una casa donde vivir.

Corominas se comprometió a actuar con rigor en lo sucesivo. Lo dijo el 24 de noviembre, cuando anunció que empezarían los desahucios de los ocupantes ilegales de las viviendas de Gabriel y Galán. Lo expresó con determinación ("Me queda escasamente un año y medio para dejar las cosas cerradas y así será", esas fueron sus palabras), aunque introdujo un matiz inadecuado al señalar que su principal preocupación con la actuación en La Data "no es recuperar viviendas, sino la paz social", en referencia a que en los pisos de la Junta se vendían drogas y algunos moradores causaban problemas de convivencia. Es de esperar que el proceder futuro de la Agencia se guíe por criterios que tengan que ver con la recuperación de todas las viviendas ocupadas ilegalmente, con independencia de si el problema se relaciona con otros de convivencia, porque para solucionar éstos ya hay otras instancias públicas.