WLwa Agencia Extremeña de la Vivienda procedió ayer a vaciar cuatro viviendas propiedad de la Junta en el barrio pacense de Suerte de Saavedra y en razón de que sobre ellas pesan órdenes judicial de desahucio. Estas cuatro viviendas vaciadas --la Agencia corrió con los gastos de la mudanza de los muebles al lugar donde le dijeran los moradores-- son las primeras. Está previsto que otras 11 corran la misma suerte en el mismo barrio.
No es un proceder nuevo: la Agencia ya acometió el desalojo de 52 viviendas sociales en el barrio de Gabriel y Galán, en Plasencia, el pasado mes de diciembre. El Ayuntamiento de Cáceres, por su parte, también ha anunciado el desalojo de otras 48 casas en Aldea Moret. En todos los casos se trata de desalojar a habitantes ilegales, es decir, personas que están ocupando la vivienda por un procedimiento que no es el normalizado y, por tanto, y mientras en Extremadura haya personas con derecho a ocupar esas viviendas, por un atropello. No es una iniciativa fácil --¿a qué administración le gusta echar a la gente a la calle?--, sin embargo es justa. En la región es necesario acabar con el abuso en la ocupación de viviendas y, en este sentido, es defendible la decisión de la Agencia de la Vivienda.
