Un juzgado de Cáceres considera la procedencia del despido de un adolescente que vive en un piso de acogida. Nadie duda del servicio que estas instalaciones ofrecen a la sociedad y a las personas necesitadas. Pero no había ningún representante de servicios sociales en el acto judicial. Ni de la Junta de Extremadura ni del ayuntamiento cacereño. ¿No necesitaría apoyo el responsable en esos momentos?