Telefónica desea reducir en cuatro años el 30% de la plantilla de 40.000 empleados de su principal filial, la dedicada a telefonía fija en España. Dice que ha perdido parte del mercado de clientes españoles que tenía cautivo, y que no ha sido por mala gestión sino por razones estructurales que hacen que todas las empresas europeas del sector apliquen planes similares. También critica las normas reguladoras del Gobierno, que no le ayudan a mantener la plantilla actual, dice. Son argumentos parecidos a los que ya dio en 1999 en otro plan de despidos.

Anuncia Telefónica que esos planes de jubilación se harán sin dinero público (ni de la Seguridad Social ni del Inem). Aun así, hay que reflexionar sobre si este retiro --más inusitado que anticipado, pues jubila a personal de entre 48 y 53 años-- es oportuno en el contexto del actual debate sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas y la necesidad de retrasar la edad de jubilación.

Hay otra cuestión de fondo. ¿Puede Telefónica --con un presidente sugerido por el Gobierno del Partido Popular y tarifas reguladas a su conveniencia-- presentar su plan de reducción de plantilla como inevitable, como si fuera una compañía privada a la que le impiden competir?