Extremadura debería recibir alrededor de 34 millones de euros (equivalentes a 5.800 millones de pesetas) por gastos asumidos antes del traspaso de las competencias sanitarias, en el 2001, cuando en realidad deberían haber corrido por cuenta del Estado. Se trata de una deuda que nadie pone en duda ni tampoco existen dudas sobre qué organismo debería hacerse responsable de ella: la Administración central. Pero ocurre que no ha sido así. Que 9 años después la Junta está reclamándola infructuosamente y ahora quiere mantener viva la reclamación ante el Tribunal Contencioso-Administrativo.
Para cualquier observador el asunto debería ser sencillo de resolver, porque además de estar claro que ese dinero tendría que haber salido de las arcas estatales, y de que hay sintonía política entre ambas partes, una deuda por el mismo concepto ha sido reconocida y abonada a otras comunidades autónomas. ¿Hay discriminación con Extremadura? La respuesta podría estar en la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de julio. El alto tribunal rechazaba la petición de nuestra región afirmando que el pleito se había presentado a destiempo por un error técnico-jurídico al interpretar el silencio administrativo en sentido positivo, cuando esa norma rige entre administración y ciudadanos, pero no entre administraciones. Un error técnico-jurídico. No político, pero que los responsables políticos deberían admitir, con la consiguiente petición de responsabilidades a quienes lo cometieron.
