Ttras el despropósito que representó para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el intento de búsqueda de un comprador para Cetarsa a través de la inserción de anuncios en diversos medios, cuando lo habitual es elaborar un cuaderno de venta como en cualquier otra privatización, llega ahora el momento de las reuniones, una ronda con los principales agentes implicados que supone un mínimo de garantías negociadoras con el supuesto objetivo de que el impacto laboral de la operación sea el menor. Porque hasta el alcalde electo de Navalmoral, el popular Rafael Mateos Yuste, da por hecha la enajenación.
Al margen de la cuenta atrás que supone este proceso, condicionado incluso para la propia SEPI por el fin de las ayudas europeas al tabaco, es ahora el momento de hacer valer que la desaparición de Cetarsa como tal no solamente afectará a la nómina de empleados que tiene en plantilla, unos seiscientos, sino a toda una legión de trabajadores del campo que venden su producción a la transformadora pública. Difícil panorama, que sin duda no se resuelve apoyando desde el Estado proyectos alternativos como campos de golf o tanatorios, que no son especialmente intensivos en mano de obra.
