La Audiencia de Cáceres fue el escenario el pasado martes de un juicio cuyas circunstancias deberían hacer reflexionar sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia. Se juzgada a diez personas acusadas de narcotráfico y para las cuales, en sus conclusiones provisionales, la Fiscalía solicitaba penas severas, alguna alcanzaba los 18 años de prisión. Sin embargo, el resultado ha sido una sentencia de conformidad entre las partes, muy beneficiosa para los procesados, puesto que la pena máxima pedida, y acordada, ha sido de tres años y medio. La razón por la cual la Fiscalía se ha visto obligada a admitir esa sustancial rebaja es porque en el proceso ha habido dilaciones indebidas --"muy cualificadas", además--, es decir, que se ha producido un injustificable retraso en el procedimiento imputable al funcionamiento de la Administración de Justicia y que repercute en los procesados como una circunstancia atenuante. Y es que el asunto ha tardado siete años en dirimirse. Ha ido de una audiencia, la Provincial de Cáceres, a otra, la Nacional, y de ahí al Supremo para volver de nuevo a donde empezó. El entramado del Estado de Derecho por los suelos por la lacra eterna de la burocracia.
