El asesinato del empresario vasco Ignacio Uria ha vuelto a poner a prueba la unidad política en la lucha antiterrorista. Que el ayuntamiento de esa localidad sea uno de los 43 municipios del País Vasco y Navarra en los que la ilegalizada ANV (Acción Nacionalista Vasca) tiene alcaldes ha vuelto a abrir el debate de qué hacer con unos alcaldes democráticamente elegidos, pero pertenecientes a una organización ilegalizada por el Tribunal Supremo y que no condenan atentados tan salvajes. El PP sabe que el PSOE tiene en la presencia de la izquierda proetarra en las instituciones vascas una suerte de pecado original derivado del tratamiento que Zapatero dispensó, de buena fe, a Batasuna y su constelación de organizaciones entonces legales. Por eso ahora Rajoy exige la inmediata disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV de forma que esas corporaciones puedan renovarse de forma que esas corporaciones puedan renovarse a la vez que lo hace el Parlamento vasco en las elecciones autonómicas previstas para esta primavera. Pero el Gobierno socialista, partidario ya abiertamente de acabar con la presencia de los proetarras en las instituciones, cree, sin embargo, que no se debe forzar lo establecido en la ley de bases de régimen local. Sería bueno que el asunto de ANV, por más que repugne, no rompiera las líneas maestras de cómo debe abordarse la lucha política contra el terrorismo. Para eso sobran los gestos cara a la galería destinados a ajustar cuentas de la anterior legislatura.
