Un nutrido grupo de catalanes quiso ayer acompañar al expresident Mas y a las exconselleres Ortega y Rigau en su declaración ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, acusados de desobediencia por organizar la consulta del 9 de noviembre del 2014 pese a la prohibición explícita del Tribunal Constitucional. Esta manifestación para presionar a un tribunal amparado en el Estado de derecho pretende ser la espoleta de una movilización del independentismo que una parte de la mayoría parlamentaria que sustenta al Govern quisiera que fuera permanente hasta la hipotética celebración de un referéndum. Pese al entusiasmo de ayer, no será fácil mantener el ritmo, y el volumen de los concentrados tampoco altera la correlación de fuerzas en el Parlament y en las instituciones. No parece, pues, que la estrategia sea sostenible en el tiempo.

Como tampoco parece que sea sostenible la retórica de la desobediencia que alimenta este tramo del órdago soberanista y que contrasta con los argumentos que utilizó el propio Mas en su estrategia de defensa ante el tribunal. A pesar de la épica de su entrada en la sala, Mas acabó reconociendo que su «ánimo no fue en ningún caso desobedecer» y se amparó en la inconcreción del Constitucional para justificar su apoyo al proceso participativo, del que se declaró único responsable político. La distancia, pues, entre las proclamas en público y los comportamientos individuales de los dirigentes independentistas se agrandó un poco más ayer. Y se convierte en la clave de lectura de lo que podemos esperar los próximos meses.

Esta disonancia entre el discurso del independentismo y la praxis de sus dirigentes no está consiguiendo desilusionar por ahora a cientos de miles de catalanes. Ello se debe en buena parte al hecho de que el juicio que empezó ayer es principalmente la consecuencia de la falta de respuesta política al contencioso planteado. Confiar en que el tiempo y la falta de coraje acabarán por disolver el problema no hace otra cosa que agravarlo por ahora. Cumplir y hacer cumplir la ley es una actitud necesaria pero no suficiente ante el desafío del independentismo. La alternativa no es ceder a sus demandas sino atender a esa parte de la sociedad catalana que ni quiere la independencia ni quiere quedarse como está.