WEw l estudio llevado a cabo por el Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura sobre la situación del mercado laboral de las personas con discapacidad, que fue publicado por este periódico el pasado domingo, pinta un panorama poco halagüeño sobre las posibilidades de trabajo de este colectivo, que en la región lo componen alrededor de 35.000 personas. Según el CES, únicamente el 16% de los discapacitados en edad de trabajar tiene trabajo (alrededor de 6.000) y de ellos sólo el 8% disfruta de empleo fijo.

Del estudio se deduce, por tanto, que en materia de inserción laboral de los discapacitados queda prácticamente todo por hacer. Pero, ¿qué hacer? La ley establece que las ofertas de empleo público deben de reservar un 5% de plazas para personas con discapacidad (en empresas privadas de más de 50 trabajadores, la reserva es del 2%). La Junta anunció la pasada semana que desbordará la ley por su techo, y en las próximas convocatorias reservará, si es posible, el 10%. La realidad, sin embargo, parece demostrar que las cuotas son, hasta ahora, artificiales: las últimas convocatorias públicas no cubrieron ni la mitad de las plazas ofertadas. Tanto el CES como la asociación Apamex-Concemfe, constituida por discapacitados y empeñada en buscar fórmulas para su inserción laboral, señalan el fracaso de las cuotas.

Es preciso un cambio de mentalidad para que los discapacitados no sufran una tasa de desempleo cuatro veces superior a la general, para que ser discapacitado no sea, ni de lejos, sinónimo de inútil para el trabajo. Un cambio también en los discapacitados, que tienen que exigir sin reserva su condición de personas activas y laboriosas.