WEwl diseño urbanístico de Cáceres para el próximo medio siglo se está decidiendo actualmente en un difícil proceso en el que se entrelazan, por un lado, las aprobaciones del Plan General Municipal (antiguamente denominado PGOU) y del plan rector de la Zona de Especial Conservación de los Llanos, y por otro las grandes promociones de pisos que la Agencia Extremeña de la Vivienda está proyectando en la zona de la cantera de Olleta (5.100) y el Junquillo (1.992). En los últimos días, la opinión pública ha asistido a un cruce de declaraciones entre la Junta y el ayuntamiento poniendo peros a las propuestas urbanísticas realizadas por la otra parte, problemas que se hubieran solucionado si la coordinación entre ambas administraciones fuese mayor que la demostrada hasta la fecha. Cáceres se juega mucho y por tanto, los gobiernos local y autonómico deben estar a la altura, al margen de los distintos colores políticos.

Hay ejemplos ilustrativos de este insuficiente diálogo. El más flagrante es de la colisión entre el PGOU aprobado inicialmente por el ayuntamiento y el plan rector de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los Llanos. El ejecutivo local cacereño asegura que el PGOU se elaboró durante tres años teniendo en cuenta los datos facilitados por Mérida sobre los futuros límites de la ZEPA. Sin embargo, cuando la nueva delimitación del espacio natural ha recibido luz verde por parte del órgano rector de los Llanos --donde la Junta tiene el mayor peso específico--, se comprueba que contradice el planeamiento previsto en el PGOU para el noroeste de la ciudad e invalida sectores en los que se planifican 10.000 viviendas, entre ellos el Muelo, que queda como una isla en la que no se puede edificar.

Obviamente, el plan de urbanismo cacereño ya no puede ser aprobado por Mérida tal y como se presentó, por lo que la paralización del proceso, en el peor de los casos, o el retraso considerable en la tramitación, en el mejor de ellos, es inevitable.

Sin duda, el problema se hubiera evitado si todo se hubiera analizado previamente en una mesa conjunta donde técnicos y políticos de Cáceres y Mérida consensuasen sus iniciativas.

En segundo lugar están los proyectos de interés regional (PIR) que la Agencia de la Vivienda está desarrollando de forma autónoma en la capital cacereña, con los proyectos de Olleta y El Junquillo como estrellas . En ambos casos, el ayuntamiento está de acuerdo con las iniciativas de construcción viviendas protegidas pero muestra reticencias sobre la forma --considera que la Junta está invadiendo competencias urbanísticas municipales-- y sobre ciertos detalles técnicos. Nuevamente se ha echado de menos una mayor y mejor comunicación entre la Agencia de la Vivienda y el ayuntamiento de cacereño. A no ser que, tanto en el caso de los PIR como en el del PGOU y la ZEPA, alguna parte, o las dos, pretendan torpedear políticamente a la otra usando este tema como arma arrojadiza. Sería un error que a nadie beneficia.