Ya no hay dudas, por si alguien las tenía, de que los tiempos que se avecinan van a ser difíciles. Muy difíciles. De ahí mi insistencia en que, en el velo de la ignorancia acerca de quién ganará las próximas elecciones, se deberían pactar hoy los procedimientos para tomar mañana, rápidamente, las decisiones que nos ayuden a salir de la crisis sin que las cuitas políticas nos lleven a morir en el intento. Pactar procedimientos es mejor que pactar contenidos, porque estos se visualizan en exceso -lo que hace su pacto más complejo-, siempre son parciales al tratarse de medidas concretas y el consenso tiende en todo caso a comunes denominadores muy mínimos que son de escasa incidencia posterior. Y mientras los partidos no se convenzan de la necesidad de este tipo de acuerdos, conviene muy mucho que sea evidente para la ciudadanía que las cargas que el tratamiento de la crisis requiere se reparten con justicia. En esta distribución, el sistema financiero no puede salir incólume pensando que todo será como antes, como siempre. El, en buena parte, causó la crisis. Por tanto, significativa ha de ser su contribución, ética y estética, a los sacrificios que se imponen para su catarsis.

XAUNQUE EN ESPAÑAx, para el contribuyente, los costes de la crisis financiera han sido escasos, el panorama a nivel internacional es demoledor. Muchos de los factores que la provocaron siguen presentes. ¿Acaso ha variado el sistema de retribución de gestores y propietarios de bancos para recuperar la lógica de un negocio que se basa en convertir la confianza de los depositantes a corto plazo en beneficios de créditos y préstamos a largo? No. ¿Siguen cobrando las agencias de rating , por la calificación de la bondad de los títulos financieros, de las mismas entidades que los emiten? Sí. ¿Ha mejorado la transparencia de los productos financieros que se compran y venden en el mercado? No. ¿Se ha limitado el impacto de la banca transfronteriza con una mejor coordinación internacional? No. ¿Continúan existiendo entidades que dado su tamaño difícilmente pueden quebrar? Sí. ¿De qué normas macroprudenciales nuevas nos hemos dotado para evitar la aparición de fenómenos similares a los registrados con la crisis? Dudas.

Al contrario, la liquidez global que se ha otorgado a las entidades financieras ha sido si acaso demasiado laxa. El rescate les ha supuesto pocos costes y escasos condicionamientos. No es esto a lo que nos tienen acostumbradas las intervenciones sobre países por parte de organismos internacionales, o lo que las propias entidades practican con sus clientes. El objetivo de tanta liquidez, que puede llegar a poner en riesgo otra vez la economía con la aparición de nuevas burbujas, era sanear los activos tóxicos, pero también facilitar el crédito. A los bancos les favorece que no sepamos con certeza si esta falta de equilibrio se debe a que no existe demanda de crédito solvente o que no hay oferta a tipos de interés razonable. Un poco más de competencia procedente de la banca internacional podría ayudar a identificar qué causa qué. Todo apunta a que algunas entidades dedican liquidez a suscribir deuda pública de un modo un tanto consorciado con unos estados con déficits clamorosos. Puede ser comprensible, pero no es sin duda lo deseable.

El retorno a las buenas prácticas bancarias, si existen, debería visualizarse en mayor medida. Algunos países favorecen ya que los directivos que cobran bonus (recompensas por su gestión) excesivos, sin que estén justificados, los devuelvan. Los beneficios cortoplacistas obtenidos con más y más apalancamientos no deberían primar. Otras medidas para redistribuir equitativamente las cargas son la recomendación del supervisor de alentar más y mejor las provisiones necesarias, y si no se le hace caso, que se fuerce a las entidades a sobredotar los fondos de garantía de depósitos o a explicitar en mayor medida las pérdidas por saneamiento de activos, que en eso sí se le ha de atender.

Por su parte, el Gobierno debería revisar a fondo los impuestos que cobra de las entidades financieras, en especial la aplicación del impuesto de sociedades, ya que tal como se aplica a la actividad empresarial en general, favorece el endeudamiento respecto de su autofinanciación. Solo falta por tanto que la fiscalidad dificulte y no ayude los procesos de saneamiento necesarios. En las entidades bancarias que tienen su negocio mayormente en este país cabría esperar de sus accionistas más cuidado en las prácticas contables, transparencia y más tutela accionarial, ya que ellas sí pueden quebrar. Finalmente, las cajas de ahorros deberían mirar menos hacia otro lado a la espera de que amaine, no ampararse en la política local y adquirir conciencia de que el FROB tiene fecha de caducidad.

Y es que, como no se señalice correctamente que también el sistema financiero asume parte de la cuota que la crisis impone, medidas aisladas que afecten a eslabones sociales más débiles tendrán, aunque sean igualmente necesarias, una justificación de oposición argumental fácil, a la que algunos, encima, tendremos que dar la razón.