El Gobierno aprobará hoy el anteproyecto de ley que va a reformar el divorcio. Era una promesa electoral del PSOE ante el evidente desfase entre la ley que se dictó en 1981 y el sentido común. No sólo la sociedad ha evolucionado desde entonces, sino que aquel texto ya nació con carencias evidentes a causa de presiones de claro matiz religioso.
El Gobierno propone ahora la posibilidad del divorcio directo a partir del tercer mes después de la boda, sin que la separación previa sea indispensable para conseguirlo y bastando sólo la voluntad de una de las partes. El enfoque se parece al de la disolución de cualquier otro tipo de sociedad. Se elimina también la necesidad de que uno de los cónyuges sea presentado como responsable de la ruptura, principio del que se abusa fabricando pruebas para obtener más derechos sobre los hijos o mejores contrapartidas económicas. También será más asequible para la pareja compartir la patria potestad.
Se equivocan quienes creen que la facilidad para desunirse sin problemas hará que crezca el número de solicitudes. Ya crecían pese a las trabas. Reducir trámites y eliminar sufrimientos simplemente aliviará a las personas.
