La Junta dará un plazo de un año para que los dueños de los perros implanten a su mascota el chip en el que se recoge información esencial del animal: si está vacunado o no, si tiene enfermedades o alergias o cuál es la dirección y el teléfono de su dueño. Una medida que la Junta se ha tomado su tiempo en poner en marcha y que ahora, una vez aprobado mediante un decreto su regulación, se prolongará por un año más.

Es un tiempo más que razonable para ´poner al día´ a los perros (a los gatos también se les podrá implantar el chip, aunque no es obligatorio) y a los dueños en cuanto a su responsabilidad social. Porque ese es uno de los objetivos de la implantación del chip: que los dueños se hagan responsables de los animales que, en muchos casos, causan daños a terceros.

La medida, por tanto, tiene una importancia social indiscutible, (además de que habrá menos extravíos de mascotas; una ventaja para los dueños). En este sentido, no se entiende que el Ejecutivo haya anunciado la posibilidad de subvencionarla. Es comprensible que se den toda clase de facilidades, como es la dilatación del plazo para su implantación, pero de ahí a ayudar económicamente a que los dueños de las mascotas para que cumplan con una obligación debería ir un trecho.