El Gobierno aprobó ayer el tercero de los bloques de medidas de ley y orden, tras el del cumplimiento íntegro de las penas para terroristas y la reforma de la prisión provisional, que tenía preparados para impulsar la campaña electoral de esta primavera, y que ha tenido que adelantar para paliar el desgaste que sufre por el caso Prestige . Y la primera consideración que cabe apuntar es que una reforma de los códigos Penal y Civil y de las leyes penitenciaria, de enjuiciamiento criminal, del poder judicial y de extranjería es demasiado seria para ser tratada como una operación de limpieza de imagen del PP. El Gobierno ha esquivado además la autocrítica de las medidas preventivas y sociales que no ha tomado en siete años.
Es una lástima que Aznar haya monopolizado propuestas que ya habían asumido la mayoría de los partidos. Es evidente que la inseguridad crece, y que uno de los factores es la impunidad con la que se encadenan pequeños delitos. Salvando principios como la presunción de inocencia o la reinserción, el Gobierno sabe que cuenta con todo el apoyo para retirar a los delincuentes de las calles. No utilizar este consenso para lograr un pacto de Estado, sino convertirlo en bandera de partido, es toda una declaración de principios.
