WEw l presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el jefe de la oposición, José Antonio Monago, acordaron en la noche del jueves el texto de la futura Ley de Educación; poner plazo --siete años-- en el nuevo Estatuto a que Extremadura logre converger en renta con la media nacional mediante inversiones adicionales iguales al 1% del PIB; determinar los mandatos de los consejeros de las Cajas, aumentar la capacidad normativa de la Junta sobre estas entidades y abrir a la Asamblea su representación; y exigir a los bancos que abran el grifo del crédito.

Pero, sin duda, el pacto ´estrella´ del encuentro entre los dos dirigentes fue el de Educación. Ambos, Vara y Monago, estaban impelidos a alcanzarlo por su propios compromisos adquiridos en la pasada campaña electoral, cuando enfatizaron que fuera cual fuera el resultado de las elecciones los dos se comprometían a llevar adelante el acuerdo educativo. No coronarlo no tenía otra lectura que el fracaso y la prevención ante él ha debido pesar en el ánimo de los dos. Porque al final Monago ha cedido en que la libre elección de centro --un asunto del que ha hecho bandera--, ha quedado como una mera declaración de intenciones, puesto que se llevará a cabo "dentro de lo posible". Y Vara ha admitido que el PP fije en los Presupuestos el ´suelo´ de la inversión en Educación: nunca inferior al 6% del PIB regional ni al 20% de los presupuestos. En los últimos cinco años, el gasto en Educación no ha llegado nunca al 19% en las cuentas anuales, por lo que este punto supone en la práctica una aportación extra a la Educación, que ya en el 2011 deberá ser de 57 millones más sobre los 977 previstos en el Anteproyecto de Presupuestos actualmente en trámite en la Asamblea.

¿Es bueno que haya departamentos que tengan garantizada una financiación mínima y que sean, por ello, presupuestariamente privilegiados? A la vista de que condiciona la capacidad del gobierno de turno para elaborar la distribución presupuestaria que considere más adecuada a cada coyuntura, la respuesta es no. Y también la respuesta es no ante la perspectiva de que otros acuerdos sobre otras materias determinen también nuevos compromisos de gasto, porque iría reduciendo paulatinamente la capacidad política. Pero si con ello se pretende lanzar el mensaje a la sociedad de que la calidad de la enseñanza en la región no estará condicionada en el futuro a la precariedad de la inversión, sea cual sea el signo político del ejecutivo, la respuesta debería ser, sin matices, sí. Y en este sentido habría que tomar el acuerdo del jueves: se acabaron las excusas para que Extremadura permanezca entre las comunidades con mayores tasas de fracaso escolar y abandono prematuro.

El acuerdo educativo compromete a los dos grandes partidos para los próximos años. Es una acuerdo inusual en el panorama político español y obliga a hacer un reconocimiento a sus protagonistas, Vara y Monago. Al primero porque ha tenido altura de miras, sin atenerse a la matemática parlamentaria; al segundo porque ha logrado, coincidiendo con sus propias palabras, construir desde la oposición, contraponiendo esa actitud con la que su partido, a escala nacional, mantiene.