WEw l caso de la niña Mariluz sacó a la opinión pública que la ejecución de las sentencias, es decir, el trámite que hay que cumplir para que lo sentenciado se cumpla, presentaba lagunas preocupantes. El mensaje que quedó en la opinión pública de ese asunto de Mariluz --que se ha resuelto provisionalmente con la imputación de una falta muy grave al juez sevillano que tuvo que ejecutar la sentencia del presunto asesino de la niña--, es que los juzgados centran su atención y esfuerzos en la instrucción de las causas, en los juicios y en los recursos, pero dejan en segundo plano el proceso a partir del cual una sentencia se convierte en firme y hay que cumplir lo que en ella se establezca. Ese mensaje se ha visto agravado porque algunos jueces han denunciado las condiciones en que se llevan a cabo las ejecutorias, condiciones tan difíciles, en medios materiales y humanos, que convierten en poco menos que milagroso el que no haya más casos de personas sobre los que recae una sentencia firme que no la estén cumpliendo.
Este periódico ha publicado que los últimos datos disponibles señalan que en Extremadura se encuentran en trámite de ejecución un 10% de las sentencias (unas 18.000), un porcentaje pequeño, puesto que los juzgados y tribunales extremeños están entre los más ágiles de España. Porcentaje pequeño en relación a otras comunidades, pero la estadística y la comparación no puede servir de consuelo, porque basta un solo caso de delincuente condenado y libre por una ejecutoria no llevada a cabo en sus plazos que comete un delito grave, para que todas las estadísticas exculpatorias o justificativas se vengan abajo. Por lo que mientras haya casos de dilaciones indebidas habrá inseguridad. Y críticas a los jueces.
