Hace 75 años, Clara Campoamor se levantaba en el hemiciclo de las Cortes Españolas para defender el derecho al voto de las mujeres. Para quienes han nacido en la democracia, el hecho de que, en aquel tiempo, las mujeres no pudieran votar ni tomar decisiones tan sencillas como abrir una cartilla en el banco, disponer de los bienes conyugales o trabajar, sin el permiso del padre o el marido, les resultará poco menos que inimaginable. Sin embargo, ésta fue la realidad de la mitad de la población española hasta la llegada de la democracia. La Constitución Española de 1978 significó un avance muy importante para la consecución de los derechos de la mujer, al reconocer en el artículo 14 la Igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación por razón de sexo.

Desde entonces hemos trabajado de forma constante y decidida por transformar una realidad que, históricamente, ha discriminado a las mujeres. Una transformación que ha sido denominada como "revolución silenciosa" al ser realizada, de forma pacífica, desde la razón y el convencimiento, fijando objetivos que benefician no sólo a las mujeres, sino al conjunto de la sociedad. Citando a Amelia Valcárcel , "el feminismo no ha perdido, hasta el momento, ninguno de los objetivos que se ha propuesto". Objetivos que benefician al conjunto de la sociedad española, ya que ninguna democracia puede considerarse completa si no es con la plena participación de hombres y de mujeres tanto en el ámbito privado como en el público.

UNA DE las pruebas más importantes de esta revolución silenciosa es la promulgación, en esta última legislatura, de tres leyes fundamentales: la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y, finalmente, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, cuya aprobación definitiva va a tener lugar en estos días.

Estas leyes aportan un marco legal que establece las normas sobre las que se cimientan nuevas propuestas en la conquista de la igualdad y en la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Pero sobre todo aportan dos elementos que, a mi juicio, son fundamentales para el cambio de actitudes en la relación entre los hombres y mujeres. Porque, por una parte, enjuician hechos que, culturalmente, y hasta hace pocos años, se consideraban como normales. Pensemos, por ejemplo, en la imposibilidad de las mujeres para ejercer ciertas profesiones, la dificultad para formar parte de los órganos de decisión y dirección de empresas u organismos públicos o la consideración de que el maltrato era una cuestión de la pareja y por tanto pertenecía al ámbito privado. El marco legal establece que estos hechos ya no son aceptables. Nombra y subraya aquellas situaciones que son causas de desigualdad, regulando por ley, no sólo las sanciones, sino también las posibles estrategias y acciones positivas que deben realizarse en todos los ámbitos (educativos, sanitarios, judiciales, empresariales, culturales, laborales, etcétera) para llegar a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

El segundo elemento, que considero importantísimo, es que las leyes hacen responsables e implican en su cumplimiento no sólo a las instituciones públicas, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país. Desde el convencimiento de que la igualdad es un deber y un beneficio para la sociedad en su conjunto, nos hacen y nos hacemos responsables de introducir cambios y trabajar para que ésta sea una realidad.

Uno de los espacios privilegiados para trabajar por la igualdad es, sin duda, la educación. Desde todos los espacios del sistema educativo, desde el colegio hasta la formación profesional o la universidad, no sólo transmitimos conocimientos y formamos a futuros profesionales. La educación es mucho más que formar para el trabajo: educa para la ciudadanía y enseña para la convivencia, desde el respeto y la igualdad. En definitiva, compromete a las nuevas generaciones con el tiempo y con el destino que les ha tocado vivir.

En este 8 de Marzo, en el que nos felicitamos por la llegada de tres nuevas leyes en la conquista de la igualdad, me gustaría que en todos los centros educativos de Extremadura, nos preguntáramos qué ha cambiado desde la llegada de la democracia y cuál es el significado de la palabra igualdad . Dialoguemos con las protagonistas de la historia, con las mujeres que nacieron en el siglo pasado, para que nos expliquen cómo eran sus vidas y cómo son ahora en el siglo XXI. Recobremos la memoria de figuras como Clara Campoamor, que lucharon por derechos que consideraban legítimos como el acceso al voto, al trabajo o a la educación. Tomemos conciencia del camino recorrido en tan sólo unos años y sus consecuencias para la vida democrática.

Que este 8 de marzo de 2007 sea una fecha clave para el compromiso de Extremadura con la igualdad.

*Directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura