"Son españoles los que no pueden ser otra cosa". Según parece, este es el comentario que le hizo el presidente del Gobierno Cánovas del Castillo a Alonso Martínez cuando se debatía el artículo 1 de la Constitución de 1876, en el que se definía quienes "son españoles". Se trata, posiblemente, de la confesión más inequívoca de desprestigio del Estado que ha presidido casi toda nuestra historia política y constitucional. Entre otras cosas, por venir de quien viene, del estadista de más valía del siglo XIX, por no decir de todo el periodo predemocrático. En España hemos tenido un constitucionalismo tan pobre porque los españoles hemos carecido de la autoestima política exigible para que hubiera podido ser de otra manera. O a la inversa. Hemos carecido de autoestima porque hemos tenido un constitucionalismo muy pobre, cuando no lo hemos suprimido pura y simplemente. Cánovas hace su confesión no en el momento peor, sino en el menos malo, constitucionalmente hablando, anterior a 1978.

Unicamente a partir de la transición y, sobre todo, a partir de la estabilización de la democracia con base en la Constitución de 1978 hemos vivido unas décadas en las que hemos empezado a valorar positivamente el Estado y ha aumentado correlativamente nuestra autoestima como ciudadanos del mismo. A esta valoración interna ha correspondido una valoración en la misma dirección desde el exterior.

XESTE PERIODOx de prestigio del Estado y de autoestima política se ve fuertemente erosionado desde que estalló la crisis. La crisis es pavorosa. Pero la forma en que estamos reaccionando ante ella es peor. La estrategia de humillación de José Luis Rodríguez Zapatero desde mayo del 2010, en que tuvo que corregir el rumbo, para evitar que España fuera intervenida, prolongada inmisericordemente hasta el 20 de noviembre del 2011, e incluso después con la denuncia de la falsedad de las cuentas públicas y la puesta en cuestión de la actividad inspectora del Banco de España, ha contribuido a hundir la confianza en el Estado tanto dentro como fuera de España. El resultado es un país políticamente deprimido e internacionalmente ninguneado. No menos desde la investidura de Mariano Rajoy . En estas condiciones se celebrarán elecciones autonómicas en dos "nacionalidades" históricas: País Vasco y Galicia. Me temo que el resultado puede ser un indicador del inicio de un proceso de desintegración del Estado.

En el caso de Galicia es menos probable, por la coincidencia de los dos posibles partidos de Gobierno en el Estado y en la comunidad. Pero con el riesgo de que una derrota del PP inicie un proceso de resquebrajamiento del partido dada la posición singular que tiene Galicia en su articulación interna. Pero es, sobre todo, en el País Vasco donde el resultado electoral puede conducir a una situación no fácilmente manejable. Aquí se enfrentan dos partidos españoles, que pactaron al comienzo de la legislatura para ocupar el Gobierno autónomo y cuya ruptura del pacto está en el origen de la convocatoria de estas elecciones anticipadas, y dos partidos nacionalistas fuertemente consolidados.

Me temo que el desprestigio del Estado pueda pesar de manera muy negativa sobre los dos partidos españoles, que no van a tener nada fácil formular una propuesta sugerente a los vascos. Desde 1977 nunca han tenido los nacionalistas una ocasión como esta. El argumento de que en el País Vasco hay ciudadanos que no tienen otra posibilidad que ser españoles, pero que hay ciudadanos que pueden ser otra cosa, se le ha puesto en bandeja a los partidos nacionalistas. Básicamente por el PP, pero sin que el PSOE haya advertido lo que podía ocurrir y haya hecho nada para evitarlo. El resultado es un previsible desequilibrio entre los partidos españoles y los partidos nacionalistas a favor de estos últimos, que más que probablemente desembocará en una estrategia de redefinición de la posición del País Vasco en el Estado en la dirección que apuntó en su momento el llamado plan Ibarretxe . El candidato del PNV, Iñigo Urkullu , fijaba en entrevista de prensa el 2015 como el año para la revisión del estatus del País Vasco en el Estado español.

El nacionalismo que va a poner en práctica esta estrategia no tiene la hipoteca del terrorismo de ETA. Y el Estado que tiene que hacer frente a la misma no tiene la consistencia del que se enfrentó al plan Ibarretxe . Entre otras cosas, porque en el horizonte hay un nacionalismo catalán, que, desde la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatut, considera que lo han dejado fuera de la Constitución y, en consecuencia, no la considera como propia. Desde hace unos años estamos ante una situación de emergencia económica. Pero vamos camino de una situación de emergencia política, potencialmente más peligrosa. El Gobierno parece decidido a hacer frente a ambas de manera unilateral, como si la mayoría absoluta con la que cuenta fuera suficiente. Es un disparate, pero en esas estamos.