Respecto al secuestro de El Jueves, se ha llegado a decir que en este país los periodistas aún tienen que topar con la Casa Real y que las leyes que amparan a la monarquía necesitarían una revisión porque nacieron en épocas más temerosas. Pero no son leyes antiguas. Son los artículos 490 y 491 del capítulo de delitos contra la Constitución del último Código Penal. Si España fuera una República habría leyes similares. ¿O cree alguien que si alguna personalidad como Federico Trillo, Peces-Barba o Nicolas Redondo fuera jefe de Estado, no tendría protección jurídica específica frente a quienes denigraran su dignidad? Y las caricaturas del príncipe Felipe y la princesa Letizia pueden --repito, pueden-- ser constitutivas del delito que especifican esos artículos del Código Penal.
Ahora bien, aplicar la justicia solo en función de la letra de la ley, sin atender a la voluntad del legislador, los contextos y las consecuencias, puede ser aberrante. La ley sin sentido común es un disparate. Y aquí es donde creo que Conde Pumpido se ha equivocado. En la era de internet, el secuestro de un diario, más que evitar la difusión de algo, se convierte en eficaz propaganda de lo que trata de impedir, y ha vuelto a suceder.
Algo que hubieran visto los lectores de El Jueves y los asiduos de algún programa televisivo de chismes se ha convertido en un escándalo y una noticia internacional. Un chiste zafio ha adquirido relieve mundial. Como ha admitido Fernández de la Vega, el secuestro de periódicos es, hoy en día, inútil y contraproducente.
¿No hubiera sido mejor que el fiscal general, con menos urgencia --y menos efecto mediático--, hubiera instado la incoación de diligencias por si la caricatura fuera delictiva? La ley se habría aplicado igual, con la misma poca eficacia, pero con menos efectos colaterales negativos. El estilo Elliot Ness del juez Garzón, o de Grande-Marlaska, se impone. Y agita fantasmas. La Educación para la Ciudadanía debería enseñar a pensar.
*Periodista
