El Senado francés aprobaba a finales del mes de enero una ley que penaliza la negación del genocidio armenio con un año de prisión y una multa de hasta 45.000 euros. La ley, aprobada con poco entusiasmo y con la oposición de senadores tanto de la derecha como de la izquierda, ha vuelto a poner sobre el tapete el problema del tratamiento legal del negacionismo, a saber: ¿es competente la clase política en la afirmación o negación de la verdad histórica?

Es este un asunto complejo en el que hay que distinguir tres problemas bien distintos: el juicio sobre los hechos, esto es, si hubo o no cámaras de gas, hornos crematorios o la muerte de millones de judíos o de armenios. En segundo lugar, el juicio moral sobre esos hechos, es decir, si estamos ante desgracias naturales, simples lances bélicos o, por el contrario, graves crímenes contra la humanidad. Finalmente, el tratamiento jurídico de esos juicios, a saber, si quienes nieguen los hechos y/o su calificación moral merecen una sanción penal específica, tal y como hace la ley francesa.

Los representantes del pueblo pueden desde luego hacer juicios morales. En la mal llamada ley de la memoria histórica española se proclama "el carácter injusto de todas las condenas y sanciones" efectuadas por el bando rebelde durante y después de la guerra civil. Ahí se condena la violencia franquista y las instituciones que se pusieron a su servicio.

XEL PROBLEMAx es si un Parlamento es competente a la hora de establecer la existencia de hechos. Una cosa es afirmar que Franco dio un golpe de Estado y otra cosa que ese golpe fue ilegal e ilegítimo y por eso merece condena. Una cosa es afirmar que hubo una masacre de más de un millón de armenios entre 1915 y 1917, y otra cosa, calificar a esa masacre de crimen execrable. ¿Qué decir? Pues que un Parlamento no puede hacer obra de historiador y establecer que los hechos tuvieron lugar. Si lo sabe es porque lo ha aprendido de los historiadores. A nadie se le escapa que si un historiador concluye que, de acuerdo con sus conocimientos, tal o cual masacre tuvo lugar, otro puede venir diciendo que de acuerdo a la información existente no se puede afirmar que la hubiera. Ese riesgo es tanto mayor cuanto el hecho más alejado está en el tiempo.

La polvareda que suscitan las leyes que condenan el negacionismo proviene de que lo que condenan es la negación del genocidio, un término ambiguo, que unos entienden como equivalente a masacre y otros como crimen contra la humanidad. Y no es lo mismo negar la existencia de una masacre, que negar que esa masacre fue un crimen contra la humanidad. El Parlamento es competente en el segundo caso, no en el primero.

Los defensores de esta penalización legal, dirigida a quienes nieguen el hecho del genocidio armenio, se apoyan en el Holocausto judío, cuya negación está considerada un delito en Alemania. Es verdad que esa ley lo que condena aparentemente es la negación de los hechos, pero lo que realmente persigue es la justificación de los mismos. Pensemos que los alemanes de la época conocían perfectamente los hechos. En su mayoría habían sido autores o cómplices o responsables por activa o por pasiva. Lo que, sin embargo, interesaba a los negacionistas era justificar el genocidio judío y la política nazi. Pero eso no lo podían decir a las claras porque los vencedores no lo habrían permitido, así que se instalaron en el terreno neutro o científico de los hechos. El legislador alemán les corta la retirada sabiendo que, al condenar la negación de los hechos, estaba condenando la frivolización de su sentido.

¿Procede entonces condenar a los negacionistas? Dejemos a los historiadores la tarea de discutir los hechos. Si hay algún historiador que niegue la guerra civil o la guerra mundial o la masacre armenia o las brutalidades de los españoles en Indias, pues que lo diga. El descrédito le vendrá no de una ley penal, sino de la comunidad de conocimiento. ¿Qué hacer entonces con el que niegue los hechos? Lo mismo que con quien niegue que dos y dos son cuatro o que es de noche cuando luce el sol. La sociedad debería tratarles como dementes; si no lo son y se comportan como tales para engañar, entender que no es que nieguen unos hechos que conocen bien, sino que están manifestando su acuerdo con los crímenes y con los criminales. Y eso es lo realmente condenable.

¿Y qué hacer con los que niegan la gravedad de los hechos? Son apologetas del crimen. Negando que estemos ante un genocidio, en el sentido de un crimen contra la humanidad, están dando a entender que justifican el crimen y a los criminales. Sobre eso es competente un Parlamento que tiene armas legales para perseguir a esos apologetas del crimen. Si cunde la idea de que hay que intensificar la legislación contra los negadores de los genocidios, señal es de que se quiere atajar la creciente ola de frivolización del horror recurriendo al poder disuasorio del Código Penal. Habría que preguntarse, sin embargo, si la respuesta es la cárcel o el cultivo de la memoria, el castigo o la educación.

*Filósofo e investigador del CSIC.