Desde mi punto de vista, con relación a esta noticia y como afectado considero que aunque se amplíen los porcentajes de plazas reservadas para personas con discapacidad en la administración es posible que continúen sin garantizarse los derechos de igualdad para el colectivo mientras que cada administración pueda seguir determinando mediante lo que llaman "aplicación del principio de eficacia a que debe ajustarse toda actuación administrativa", cuáles de las vacantes existentes en sus plantillas deben reservarse para aspirantes con discapacidad y cuáles no, siendo factible la decisión de reservar porcentajes superiores a los que se fijan como mínimos en determinadas oposiciones, y en cambio no reservar plaza alguna en otras de ellas.

Considero poco adecuado que se deje al libre criterio de la administración todos esos factores porque no se sabe si esa forma razonada y congruente que cada administración alega como "aplicación del principio de eficacia" a menudo no implicará o encubrirá ocasionalmente una discriminación hacia nosotros y especialmente hacia los discapacitados con mayor grado de limitación.

La administración expone que debe admitirse que, dentro de un mismo proceso selectivo, la reserva se aplique a aquellas especialidades que la administración entienda más adecuadas para su desempeño por aspirantes con alguna discapacidad, sin que ello signifique una vulneración de los preceptos que resultan de aplicación.

Pero personalmente como afectado considero que esto puede no garantizar nuestros derechos de igualdad, porque cabe el riesgo de que un discapacitado nunca logre ocupar puesto alguno de relevancia o altamente cualificado a pesar de su buena formación, estudios y valía si bajo una excusa de este tipo alguien desde cualquier administración y bajo un criterio personal decide que ciertas plazas o puestos no son adecuados para ser ocupados por discapacitados a pesar de que el/los interesado/s cuente/n con dicha titulación y aptitudes necesarias para ese puesto.

De tal modo que si no se estudia en profundidad todo esto, de poco nos sirve a las personas con discapacidad poseer un nivel universitario superior o una formación profesional especializada, o a los discapacitados jóvenes tener ilusión por alcanzar unos estudios superiores; si al final va a quedar en manos de ciertos responsables de cada administración decidir si somos o no somos aptos para ocupar puestos o categorías de acuerdo a nuestra formación.

Otro de los asuntos clave pendientes para facilitar nuestra integración laboral del que tampoco se habla en el artículo es "La distinción entre una discapacidad mínima y gran discapacidad" por lo que los grandes discapacitados nos vemos doblemente excluidos ya que no es lo mismo un grado 33% de discapacidad que un grado 80%, 90% o 100%.

Las limitaciones y posibilidades no son iguales y todo ello continúa sin tenerse en cuenta a la hora de elaborar estudios, programas y legislaciones para facilitar un puesto de trabajo a las personas con discapacidad dentro de la administración.

Enrique G. Blanco **

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