La difícil situación por la que atraviesa la localidad de Santa Marta de los Barros después de que en sus inmediaciones se hayan asentado alrededor de 1.500 rumanos que buscan empleo en la vendimia es, hasta ahora en Extremadura, el ejemplo más descarnado de lo que significan estos nuevos parias, que vagan por la Unión Europea sin oficio ni beneficio, y que son carne de cañón de los empresarios más voraces, que se aprovechan del desvalimiento en que se encuentran. Un municipio como Santa Marta, con servicios públicos adecuados para su población de alrededor de 4.000 habitantes, no puede soportar que se le sature el centro de salud, que se produzcan continuos robos y daños en propiedades, y que cada vecino tenga que estar con cien ojos y viviendo con una incertidumbre continua sobre su seguridad. Pero ni esta situación cae del cielo ni los rumanos son los culpables, aunque a mucha gente se lo pudiera parecer. Es la consecuencia de la actividad de empresarios sin escrúpulos, que optan por la picaresca y que todavía se inclinan por la explotación de los trabajadores aun a riesgo de que se les sancione. Pero que se atrevan a contratar ilegalmente y de forma tan masiva --¿cuántos rumanos habrá trabajando sin contrato en Santa Marta y en la comarca de Tierra de Barros para que 1.500 hayan oído ´la llamada´?-- es un indicio claro de que confían en que saldrán indemnes de su actitud, lo cual abre interrogantes sobre la eficacia de la Inspección de Trabajo, que únicamente parece que va a actuar cuando las situaciones se desbordan.
