WEw n la vorágine por definir el futuro mapa energético europeo, en el que tienen protagonismo determinante las empresas españolas, Acciona anunció su disposición de aumentar su actual dominio del 10% de acciones de Endesa hasta el 30%, si se dan las condiciones favorables que permitirá la futura ley de opas. La propuesta se anticipa a la decisión que aún no ha tomado la Comisión Nacional de Energía (CNE), que debe autorizar la inversión de la constructora madrileña en el capital de Endesa. Pero es suficiente para confirmar que en menos de un año todas las leyes españolas para controlar la propiedad de las empresas de energía han quedado para el arrastre. Es así pese a la presión que pretende ejercer Bruselas con sus apremios al Gobierno español para que facilite la entrada de E.ON en Endesa. También llegan tarde, porque las operaciones bursátiles que se están produciendo estos días llevan tanto adelanto que serán determinantes.
Estos hechos han puesto en evidencia que no existía un modelo de integración energética de los quince países más desarrollados de la UE que siguiera la estela que marcó la integración monetaria. En España el panorama es otro. La bolsa ha vuelto a marcar un nuevo máximo porque bancos y constructoras anticipan que habrá dos o tres nuevas compañías energéticas, con capacidad de proyección internacional, a partir de las que hoy aún existen. De ser así, las instituciones que debían regularlo --desde la CNE hasta la Comisión de Valores-- habrán quedado en un papel secundario, y a menudo a merced de los intereses gubernamentales.
